Reforma laboral excluyente
En los próximos días el gobierno federal presentará su propuesta de reforma laboral; se trata de una definición de gran importancia política y social que mostrará la visión del régimen calderonista frente a temas que han sido controversiales: la democracia sindical, el corporativismo, la justicia laboral y la modernización del mundo del trabajo.
Por lo visto, el gobierno federal ha decidido mantener la relación privilegiada que los gobiernos priístas y también el foxista otorgaron en su momento al sindicalismo corporativo, impidiendo el cambio que pueda modificar los cimientos de control y corrupción vigentes. Designar como interlocutores exclusivos a los líderes charros y a los abogados empresariales que los protegen cancela toda posibilidad de transformación, porque son ellos parte del problema, no de la solución. El llamado proceso de negociación de la reforma laboral encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se caracteriza por su oscuridad y la exclusión de toda visión alternativa o disidente, así lo ha denunciado la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
La STPS omitió convocar públicamente a una reflexión que permita escuchar las distintas voces que reflejan la compleja realidad laboral de ramas de actividad y región que existen en el país. Se han ocultado los criterios para llevar a cabo la revisión de las 164 iniciativas de ley existentes, y ni siquiera se ha dado a conocer la lista de los invitados a “negociar”. Lo que es claro es que el sindicalismo independiente y democrático, tanto a nivel central como del interior de la República, no han sido tomados en cuenta.
La información sólo es conocida por la STPS, el presidente del Congreso del Trabajo y algunos abogados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); han sido excluidos el sector académico y los especialistas en materia laboral. No se ha dado espacio alguno a investigadores y expertos que han observado el comportamiento del mercado de trabajo y elaborado propuestas de cambio. Esta actitud demuestra el pragmatismo que pretende imponer una visión previamente concebida por parte del Estado, esencialmente concertada con los empresarios que tienen el aval de algunos líderes obreros sometidos. Sigue vigente el arte de simular concertaciones. Es de lamentar también la ausencia de la experiencia internacional y de organismos que han elaborado diagnósticos y concretado soluciones en otros países, vinculando políticas públicas en favor de un modelo laboral que concilia competitividad con protección obrera.
Si el gobierno federal optó por jugársela con el sindicalismo corporativo y con los abogados socios del negocio del contratismo de protección, es obvio que los cambios de fondo serán cancelados. El Congreso del Trabajo se ha opuesto a toda reforma constitucional para impedir la supresión de las juntas de Conciliación y Arbitraje, espacio en el que tiene cifrado buena parte de su control. El tema de la concertación productiva, como eje fundamental de un diálogo que mejore salarios y favorezca un uso racional de los recursos humanos mediante acuerdos por región, rama y cadena productiva, están totalmente ausentes en este proceso. Hasta hoy, prevalece la máxima de que el patrón escoge su sindicato y la inmensa mayoría de los contratos colectivos tiene la tarea principal de proteger al empresario de sindicatos reales. En otros lugares del mundo, incluyendo Latinoamérica, la clave de la modernización está en la negociación de largo alcance, conciliando intereses obreros y productivos vinculándolos a una reforma institucional tendiente a reducir el inmenso espacio del subempleo y las formas precarias de contratación.
En nuestro país no se puede transitar hacia un diálogo real entre sectores mientras se mantenga el control sindical; por esta razón, propuestas como el voto secreto y universal en los procesos de elección gremial y la supresión de los controles estatales en materia de registro, toma de nota y radio de acción de los sindicatos, son fundamentales. Obviamente, los líderes corruptos de siempre aplaudirán cualquier iniciativa que no toque lo que consideran su patrimonio. Su propuesta es un trueque: “no toques mis intereses del negocio gremial, y yo avalo las flexibilidades, los contratos temporales y bancos de horas, y juntos unamos esfuerzos para obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga y la posibilidad de cambios en la titularidad de los contratos colectivos”. Todos contentos.
Esta época de fiestas navideñas es propicia para imponer medidas impopulares. Por ejemplo, más que aguinaldos, muchos trabajadores sufren despidos o ajustes a sus condiciones de trabajo; hoy todo indica que nos recetarán nuevamente un salario mínimo de hambre, y siguiendo esta práctica, probablemente se presente la propuesta laboral confiando en el descuido festivo de los trabajadores. Al final, nuevamente se cancelará la oportunidad para que la reforma laboral se convirtiera en un espacio de superación social y productiva, de definición abierta en favor de la democracia transportada al mundo del trabajo, y la posibilidad de otorgar certidumbre jurídica a inversionistas de largo plazo que no ven con simpatía un sistema laboral plagado de simulaciones. También se generará un factor adicional de desaliento para los millones de trabajadores que quieren superar sus condiciones de trabajo y de vida, expresándose libre y responsablemente por medio de formas colectivas de organización, como en el resto del mundo. Se redita así una etapa de nuestro sucio e ineficiente modelo laboral, motivo de inequidad interna y de vergüenza internacional.