Debe explicarse el uso que se hizo de los documentos; no son propiedad privada, señalan
Diputados pedirán a Los Pinos contratos de la digitalización de archivos de Fox
Solicitan detalles sobre los gastos de Marta Sahagún y el patrimonio del ex presidente
El presidente de la comisión especial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Vicente Fox, Víctor Valencia de los Santos, informó que a partir de datos entregados por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicitará a la Presidencia de la República los contratos por medio de los cuales se digitalizaron los documentos oficiales que hoy se encuentran en poder del ex mandatario.
Tras recibir mil 702 recursos presentados ante el IFAI, de un total de 263 mil 160 relativos a información diversa de la gestión de Fox, gastos y actividades de Marta Sahagún, y contratos y operaciones que vinculan a los hermanos Bribiesca Sahagún, el priísta indicó que las empresas Soluciones Pearson México y Digital Data SA de CV, encargadas de la digitalización de los archivos presidenciales, también deben tener los datos correspondientes a los términos de los convenios celebrados.
“Vamos a hacer la solicitud a las empresas que fueron contratadas para digitalizar la información de Los Pinos, para conocer si esa información, que corresponde al archivo de la historia del país y no a ningún individuo que transitoriamente esté en la Presidencia”, se hizo en los términos que marca la Ley Federal de Transparencia y si –como ha señalado el comisionado Juan Pablo Guerrero– se respetan los casos de confidencialidad.
Es información que solicitarán, dijo, a la Presidencia y a la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Queremos saber en qué condiciones se solicitaron los servicios de digitalización en ese momento, porque algunos documentos son reservados o confidenciales por cuestiones de seguridad y deben estar guardados en esos términos”. Cabe destacar que el IFAI también efectúa una indagatoria sobre ese tema, a partir de que se presentó un recurso de queja.
Además presentaron recursos sobre el patrimonio de Fox Quesada y sus dependientes económicos directos; de los gastos personales de la oficina de apoyo de Marta Sahagún de Fox, los casos en que se involucra a los hermanos Bribiesca, entre ellos la venta de inmuebles por medio del IPAB, Enciclomedia, Infonavit, Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos y Oceanografía, entre otros.
A propósito de Oceanografía, el legislador enfatizó que la SFP no les entregó ninguna de las auditorías que se efectuaron a esa empresa, con el argumento de que “no tienen conocimiento de la información que les solicitamos”.
De las erogaciones realizadas por Marta Sahagún, indicaron que ya tienen un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “donde se especifica de manera clara que todos los gastos que se justificaron en el rubro específico de Presidencia no estaban debidamente acreditados, porque la figura de primera dama no está considerada como funcionaria pública”.
Algunos de los recursos de información entregados a los legisladores tienen que ver con la lista de regalos que recibió Fox entre 2001 y 2006, mismos que ya se dieron a conocer por conducto de la prensa. Sin embargo, refirió que a partir de esa información se pueden conocer y cruzar datos sobre lo que declaró el ex presidente.
Recordó la disposición legal que señala que un regalo a un funcionario público no puede rebasar la cantidad de 400 pesos, “y varios de ellos, como el caso del Jeep rojo, sobrepasan esa cantidad. Además, se cita que (Fox) recibió una caja, pero no dice qué contenía; empero, no queremos hacer escarnio ni adelantar juicios”.
Además de los documentos, refirió que seguirán haciendo entrevistas con quienes tuvieron un vínculo con Fox, entre ellos el ahora senador del PAN Ramón Muñoz, vinculado al caso Enciclomedia.
Por otro lado, explicó que externaron ante los comisionados su preocupación porque el próximo año se promuevan reformas a la Ley Federal de Transparencia para evitar que las propias instancias gubernamentales nieguen información por ser “confidencial” a comisiones especiales, como la de referencia. “Son necesarias estas modificaciones para tener la garantía de acceder a los documentos, pues es muy incómodo y desesperante tener una comisión investigadora aprobada por unanimidad, a la cual se le niega la información por ser confidencial y reservada”, afirmó.