Lo involucraban en violento desalojo en Viejo Velasco
Excarcelan a indígena chiapaneco considerado preso político por AI
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de diciembre. Un año después de haber sido detenido, el indígena Diego Méndez Arcos, considerado por Amnistía Internacional (AI) como “preso político”, fue puesto en libertad por falta de pruebas que lo vincularan con las muertes ocurridas durante el desalojo del predio Viejo Velasco Suárez, ubicado en la selva, por parte de los lacandones.
En un acto protocolario celebrado a puerta cerrada, el ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, entregó a Méndez Arcos su carta de libertad y lo exoneró de los decesos de cuatro personas y la desaparición de otras tantas, durante los hechos del 13 de noviembre de 2006.
Le informó que del análisis realizado al expediente penal 52/2007, se encontró que “no existen en contra de Diego Méndez Arcos imputaciones directas respecto de su participación en lo sucedido en el poblado Viejo Velasco Suárez”, cuando indígenas lacandones desalojaron a los habitantes del lugar.
Detalló que si bien ese día murieron Vicente Pérez Cruz, Artemio Mayor, Filomeno Benítez Pérez y Mariano Díaz Guzmán –además de la desaparición de otras cuatro personas que hasta ahora no han sido localizadas–, Diego Méndez Arcos fue detenido en su comunidad, denominada Nuevo Tila, y no en el lugar de los hechos.
Nunca fue visto participando en el desalojo, y tampoco le resultó positiva la prueba de radizonato; “por el contrario, se advierten serias violaciones a las garantías individuales del detenido”, señala el comunicado que le fue leído a Diego Méndez.
Apenas el 13 de noviembre pasado, en el contexto del aniversario del desalojo, AI hizo pública la denuncia AMR 41/064/2007, en la que señala que los cargos presentados contra Méndez Arcos “pueden tener una motivación política para disuadir a otras comunidades y miembros de Xi’nich (a la que pertenece) de que se opongan a los desalojos”, como el ocurrido contra los habitantes de Viejo Velasco.
La denuncia sostiene que la detención del indígena pudo haber sido resultado de la presión política ejercida sobre las autoridades para que detuvieran a alguien en relación con los homicidios.
Asegura que a Diego Méndez no le aplicaron un proceso judicial imparcial y efectivo, ni tampoco se procesó a todos los responsables de lo sucedido, incluidas las autoridades municipales que pueden estar implicadas.
Hasta ahora se encuentran desaparecidos Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo, habitantes del poblado que fue desalojado.