Comité de trabajadores de Pemex se suma al rechazo al nuevo contrato laboral
Corregir la “aberración legislativa” de quitar derechos a empleados de confianza, exigen
Defenderán derechos legales, salario, prestaciones, estabilidad y jubilación, afirman
El Comité Pro Defensa de los Derechos del Trabajador no Sindicalizado de la Industria Petrolera, con sede en Villahermosa, Tabasco, exigió a los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Frente Amplio Progresista (FAP) que corrijan la “aberración legislativa” que significa la reforma al artículo 65 de la Ley Hacendaria, la cual elimina derechos de los trabajadores de confianza del sector público.
Asimismo, esta organización se sumó a la demanda de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (Untcip) para solicitar al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, que cancele el plan de firma obligatoria del nuevo Contrato Individual de Trabajo (CIT).
La organización gremial que aglutina a trabajadores de base y transitorios no sindicalizados de los centros procesadores de gas Nuevo Pemex, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta y los de ductos, activos y gerencias de Pemex Exploración y Producción de las regiones sur, marina suroeste, perforación y médicos de Pemex, anticipó que en breve, junto con legisladores federales y locales, interpondrán una denuncia penal contra quienes han ocasionado daño patrimonial a la paraestatal por las decisiones ilegales en la administración y en las relaciones laborales.
“Como en 2004, cuando la administración de Pemex manipuló el programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas del decreto presupuestal para justificar jubilaciones y liquidaciones anticipadas de personal de ‘confianza’, cuando era específico para funcionarios públicos de nivel dirección y coordinación”, explicaron.
Ahora en 2007, la empresa presiona a sus trabajadores para que firmen un nuevo contrato individual, con la justificación de que busca clarificar al trabajador sus derechos y obligaciones, respondiendo a recomendaciones de una auditoría, cuando la verdadera intención es aplicar despidos y sustitución masiva de trabajadores, así como reducir la cuantiosa cantidad de demandas que provoca y pierde”.
Miembros de comité explicaron que en forma simultánea, por una maniobra de diputados del PRI y PAN durante las discusiones del Presupuesto 2008, se introdujo una reforma al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y al artículo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, que señala que las condiciones de trabajo, beneficios económicos y demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos y condiciones de trabajo de la administración pública no se harán extensivas al personal de confianza. Este decreto, indicó la organización, viola la Ley Federal del Trabajo (LFT), al suprimir derechos en perjuicio de un gran número de trabajadores.
Por más que los funcionarios repitan que “la parte laboral, la gente, es lo más importante para Petróleos Mexicanos”, decenas de miles de demandas laborales contra la petrolera, que en su gran mayoría pierde, lo muestran tal como lo que es: una empresa petrolera mundial que viola derechos laborales; cuando debiera ser ejemplo de cabal respeto a la LFT y por haberse adherido desde 2006 al Pacto Mundial de Naciones Unidas, en el que se compromete a la observancia de un código de ética empresarial.
“Los técnicos estamos decididos a no perder nuestros derechos, ya que el reconocimiento a nuestro trabajo, su pago mediante un salario y prestaciones, la estabilidad en el empleo y la perspectiva de jubilación es nuestro único y legítimo patrimonio”.
Los trabajadores aseguraron que definitivamente no aceptarán firmar el CIT y pugnarán porque se corrija la reforma hacendaria ilegal.
Para ello, indicaron que se unificarán con organizaciones de los estados, regionales y nacionales en Pemex y con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, y otros del sector público, así como otras organizaciones sindicales que serán afectadas por el decreto inconstitucional.