Trabajo del Colmex confirma la existencia de una política contrainsurgente
Inducida por gobiernos priístas, creación de grupos paramilitares en Chiapas
Insostenible, la hipótesis de la “iniciativa personal”
Los autores mencionan “la criminal idea de algunos funcionarios..., que resultó catastrófica en varios municipios”
San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de noviembre. En un trabajo de próxima publicación, el historiador del Colegio de México Juan Pedro Viqueira, en colaboración con José Eufemio Aguilar Hernández y Martín Díaz Teratol, documenta que hacia 1995, desde el gobierno estatal se fomentó la creación de grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas. En referencia específica al municipio oficial San Andrés Larráinzar, pero irradiando sobre lo que sucedería en Chenalhó posteriormente, y que condujo a la masacre de Acteal, el trabajo confirma que existió una política contrainsurgente animada desde las instituciones priístas.
“Hubo miembros del gobierno de Chiapas que buscaron y alentaban la confrontación entre los dos bandos (priístas y zapatistas). En una ocasión en que el presidente municipal de Larráinzar acudió a Tuxtla Gutiérrez para realizar diversas gestiones, un funcionario estatal lo hizo pasar a su oficina y a puertas cerradas le dijo que era necesario detener el crecimiento del EZLN en Larráinzar. Dado que los zapatistas estaban armados y entrenados, era necesario que los priístas procediesen de la misma manera para poder enfrentarlos con eficacia. Lo que proponía el funcionario era, pues, que el presidente municipal creara un grupo armado con los jóvenes más decididos que se oponían al EZLN, un grupo de ‘paramilitares’, según la terminología que utilizaban muchos medios de comunicación.
“Ciertamente el funcionario no podía ayudarle a conseguir las armas –aunque era bien sabido que se podían comprar sin mayores problemas en las colonias periféricas de San Cristóbal de Las Casas–, ni le podía proporcionar dinero; pero en cambio se comprometía a garantizarle una total impunidad y a promover su carrera política para que en un futuro no muy lejano lograra ser electo diputado estatal” (Los otros acuerdos de San Andrés. Microhistoria política de Larráinzar, Chiapas, 1985-2004, por José Eufemio Aguilar Hernández, Martín Díaz Teratol y at last but not least Juan Pedro Viqueira).
Aunque intenta cierta imparcialidad académica, el trabajo está hecho desde la perspectiva del grupo priísta, sin ocultar irritación y rechazo hacia los zapatistas. Como sea, la intención de esta “microhistoria” es resaltar la capacidad de conciliación comunitaria de los andreseros a pesar de las dicotomías priístas/zapatistas, electoralistas/autónomos y católicos “universalistas/liberacionistas”, plenamente asumidas por los investigadores.
El principal “héroe” (así lo llaman) de esta historia es el ex alcalde priísta Diego Pérez Hernández, quien así habría resuelto el dilema: “El presidente municipal, que no tenía la menor intención de poner en práctica tan peligrosos consejos –aunque había sido elegido bajo las siglas del PRI se le identificaba localmente más bien con los liberacionistas–, fue muy hábil y cauto. Prometió hacer todo cuanto estuviera en sus manos para formar ese grupo selecto de priístas y conseguirles las armas necesarias. Cada vez que regresaba a Tuxtla, el funcionario lo volvía a llamar para informarse de los avances en la constitución y consolidación del grupo ‘paramilitar’.
“El presidente municipal, que muy sensatamente no había llevado a cabo ninguna acción encaminada a alcanzar tal objetivo, le decía que ya había reclutado a varios jóvenes, que había conseguido armas y que habían iniciado los entrenamientos en los montes. Le precisaba también que todo esto lo estaba realizando con suma discreción para que no se supiese que él era el que estaba detrás del grupo de ‘paramilitares’. Gracias a esto, ni los periódicos ni los organismos de defensa de los derechos humanos se habían enterado de la existencia de este grupo armado opuesto al EZLN. Fue así como el presidente municipal logró evitar la presencia de ‘paramilitares’ en Larráinzar, por lo menos durante su administración”.
Más allá de lo benigna que pueda resultar esta pintoresca versión (y que en todo caso no aplica para lo que sí hicieron dos años después los alcaldes priístas en el propio San Andrés y sobre todo en el vecino municipio de Chenalhó), ofrece una inesperada confirmación de que la creación de “paramilitares” era inducida por el gobierno priísta. Ante el hecho de que aquel gobierno estatal (el de Julio César Ruiz Ferro, 1995-1998) estuvo supeditado como ninguno otro a las autoridades federales tanto civiles como militares, no se sostendría la hipótesis de que pudo tratarse de la iniciativa personal de un “funcionario” (a quien el trabajo no identifica).
Los autores mencionan “la criminal idea de algunos funcionarios de Tuxtla Gutiérrez de alentar a los priístas a armarse, que resultó catastrófica en varios municipios”. Al final de su extenso artículo apuntan tangencialmente algunas diferencias, según ellos, con lo ocurrido durante 1997 en Chenalhó.