Múltiples anomalías en la compra de un inmueble
Despiden del TEPJF a asesora de Flavio Galván
Fincan responsabilidades administrativas a la ex funcionaria
La pesquisa podría extenderse al ex titular del tribunal
Norma Inés Aguilar León, quien fue coordinadora de asesores de Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue despedida de su cargo al fincarle responsabilidades administrativas y conflicto de intereses en la compra de un inmueble.
La comisión de administración del TEPJF, encabezada por la actual magistrada presidenta de este órgano, María del Carmen Alanís, determinó que, en su “grave” actuar, Aguilar León solicitó, aceptó y recibió servicios para ella y su cónyuge (Octavio López) en la búsqueda de una casa habitación de Olga Gomar (pariente del magistrado Salvador Nava), “cuyas actividades de correduría inmobiliaria se encontraban relacionadas con las funciones que desarrollaba en ese entonces”.
Fuentes del TEPJF indicaron que la investigación podría centrarse ahora en el actuar del ex presidente del tribunal, debido a su marcada cercanía y responsabilidad laboral en todas las acciones que ejecutó Aguilar.
Al respecto, el TEPJF sólo consigna en un par de líneas de un boletín difundido ayer que la ahora ex empleada de este órgano “se encontraba instruida por el entonces magistrado presidente para la búsqueda de inmuebles para el tribunal”.
En agosto pasado, Galván presentó su renuncia a la presidencia del TEPJF con el argumento de tener mayor tiempo para atender su salud aunque, hasta ahora, continúa en funciones como magistrado.
Desde ese momento circularon versiones en torno a irregularidades administrativas adjudicadas al primer círculo de colaboradores de Galván y más tarde se supo que la indagatoria se inició, a nivel interno, el 6 de julio pasado.
La comisión de administración –la cual está integrada con tres consejeros de la Judicatura y los magistrados Alanís y Constancio Carrasco– emprendió el proceso de indagatorias.
Días después, Aguilar León solicitó licencia para no entorpecer la investigación, informó entonces el tribunal.
A casi cuatro meses de distancia, la misma comisión precisó que durante el procedimiento para encontrar a los responsables comparecieron 20 personas y se realizaron 42 diligencias, con base en las cuales se integró el “acervo probatorio” de la investigación.
El despido se sustenta, según el resolutivo de la comisión, en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades, el cual señala que habrá intereses en conflicto cuando los objetivos personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Si bien la operación de compraventa del inmueble (en el que se pretendían instalar oficinas del tribunal) no llegó a iniciarse, con lo que se descarta algún perjuicio patrimonial al erario público y no se obtuvieron pruebas suficientes para establecer que en la petición de búsqueda se pactó algún beneficio para Aguilar, la comisión determinó que los indicios obtenidos de la conducta desplegada por la coordinadora general de asesores, por la forma de ejecución, son suficientes para fincar responsabilidad administrativa, al estar acreditado conflicto de intereses.
El proceder asumido por la servidora pública –agrega– se traduce en la violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió salvaguardar en el desempeño de su empleo.
“Y dadas las particularidades de su puesto como coordinadora general de asesores, se presupone su capacidad, experiencia y conocimiento, tanto de la normatividad que rige los procedimientos administrativos, como de las consecuencias de no ajustarse a dicha norma”.
El asunto fue resuelto ayer tras sostener, una vez más, una reunión privada.