Los priístas festejan la exoneración del gobernador de Puebla de violaciones graves
La Corte dio un cheque en blanco a la impunidad, afirman diputados del PRD
El siguiente paso es iniciar un juicio político contra Mario Marín, insisten perredistas
No hay responsabilidad para ningún funcionario poblano, dice legislador del tricolor
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Lydia Cacho abrió un diferendo en la Cámara de Diputados entre perredistas y priístas. Para los primeros, el paso a seguir es iniciar un juicio político contra el gobernador Mario Marín Torres, mientras los priístas manifestaron satisfacción al descubrir que el funcionario estatal no incurrió en violación a los derechos humanos.
Las perredistas Valentina Batres, Maricela Contreras Julián, Aleida Alavez y Javier González Garza lamentaron y responsabilizaron a los ministros que integran la sala superior de la Suprema Corte, porque “con esta decisión le dan carta abierta y cheque en blanco a la impunidad en nuestro país”.
Valentina Batres informó que el próximo 6 de diciembre, en la reunión que sostendrá la subcomisión de examen previo de San Lázaro, se someterá a votación si proceden las cuatro solicitudes de juicio político contra Marín. El mismo día se abordarán las dos denuncias de juicio político que existen contra Ulises Ruiz Ortiz.
Para la diputada, la determinación del Poder Judicial obedece a “una negociación política. Desde el miércoles, en el debate podíamos prever la postura del ministro Salvador Aguirre Anguiano cuando se mofaba de que no había en el cuerpo de la investigación ningún dato, ninguna aportación documental o prueba de que en este país existían nexos del poder público con la red de pederastia”.
A su vez, Aleida Alavez adujo que las pruebas presentadas ante la opinión pública son suficientes y rotundas para imponer castigo al gobernador Marín. “De seguir con esa dinámica (de la Corte) de no reconocer lo que es evidente para todos, como es la violación a la libertad de expresión de Lydia Cacho y la red de pederastas, nos pone en alerta junto con los casos pendientes de resolver, como San Salvador Atenco y el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde tenemos hechos evidentes de violación a garantías, y ahora, con las componendas de los ministros con los partidos para alcanzar la impunidad, se manifiesta un retroceso en las instituciones del país”.
Maricela Contreras afirmó que las violaciones a las garantías individuales son hechos delictivos, y en el país ese fenómeno se agrava, “porque coloca en la indefensión a las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a los luchadores sociales que demandan justicia”.
Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, advirtió que la determinación de la Suprema Corte “es un golpe contra los procesos que tienen que ver con justicia y transparencia. Los ministros pueden decir lo que quieran, pero éste es un asunto donde el pueblo de México está absolutamente conciente de lo que ha venido pasando y, por tanto, nos parece gravísimo lo acontecido”.
En contraparte, el coordinador de la diputación por el estado de Puebla asumió la postura de defensor de oficio, al considerar que las autoridades de aquella entidad no incurrieron “en violación grave a las garantías de la distinguida periodista (Lydia Cacho); en consecuencia, no recae responsabilidad política en ningún servidor público del estado de Puebla”.