Plantea Carstens “transferir” el riesgo a mercados
Crearán Hacienda e IP sistema ante catástrofes
Pretende optimizar recursos para afrontar desastres
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, anunció ayer que el gobierno federal trabaja con el sector privado en la creación de un sistema de administración de riesgos catastróficos para cubrir los costos materiales de desastres naturales, como las inundaciones en Tabasco.
Al inaugurar un seminario internacional de seguros y fianzas, el funcionario dio a conocer que el gobierno de México discute actualmente con organismos multilaterales e internacionales el desarrollo de programas para ayudar a los países de América Latina y en general a naciones emergentes, a administrar riesgos asociados a catástrofes naturales.
En particular, dijo, se está analizando la posibilidad de crear un “bono catastrófico global” que permita aglutinar y diversificar el riesgo que enfrentan varios países y transferir el riesgo diversificado a los mercados internacionales.
El titular de Hacienda dijo en su discurso que tragedias como las inundaciones en Tabasco de principios de este mes no sólo deben servir para que los mexicanos muestren su extraordinaria capacidad de empatía hacia quienes sufren una tragedia súbita, sino también para reflexionar a cerca de la capacidad de prevención de los riesgos catastróficos.
“Existen indicios claros de que durante los últimos años se han incrementado en el planeta tanto el número de catástrofes naturales, como la intensidad de las mismas. Sin entrar por ahora en consideraciones acerca de las causas probables de este fenómeno, sabemos con certeza que tales eventos cada vez causan pérdidas mayores, toda vez que tanto el número de habitantes en las ciudades y comunidades afectadas, como los bienes materiales en juego, han crecido sustancialmente respecto de décadas y siglos pasados”.
México, añadió, está altamente expuesto a la concurrencia de catástrofes naturales. Hoy día, gran parte de los daños económicos derivados de estos eventos son absorbidos por el Gobierno Federal y otra parte son pérdidas netas para los afectados. “No sería conveniente que una creciente participación del Estado en la resolución de estas pérdidas generase un mayor riesgo moral, es decir: alentase una cultura de falta de prevención entre los ciudadanos, confiados en que el gobierno cubrirá las pérdidas en caso de catástrofe, lo que reforzaría, a su vez, la baja penetración de la industria aseguradora”, mencionó.
En este sentido, anunció que el gobierno federal está trabajando con el sector privado en el desarrollo e instrumentación de un Sistema para la Administración de Riesgos Catastróficos que contribuya a incrementar la cobertura de este tipo de eventos. En materia de administración de los riesgos federal y agropecuario el sistema estaría enfocado a optimizar los recursos presupuestales destinados a enfrentar este tipo de eventos; a reducir la vulnerabilidad de la población que no tiene acceso a servicios financieros y a agilizar el flujo de recursos a la población afectada, abundó.
También informó de conversaciones que sostiene el gobierno mexicano con instancias internacionales para generar mecanismos que ayuden a naciones en desarrollo, en especial las de Latinoamérica, a administrar los riesgos asociados a catástrofes naturales.
El objetivo es ampliar el menú de productos que hoy ofrecen instituciones internacionales o multilaterales, como la asesoría técnica, las donaciones y los préstamos. El nuevo menú deberá incluir instrumentos financieros específicos, tales como seguros y bonos de catástrofe, además de asesoría especializada en seguros y educación en el manejo de los riesgos catastróficos, añadió.
“Ante eventos como los que nos han afectado recientemente en Chiapas y en Tabasco, se hace cada vez más patente la necesidad de una estrategia integral de administración de riesgos. Es indispensable analizar la experiencia internacional en la materia, evaluar las alternativas disponibles y, en caso necesario, desarrollar nuevos mecanismos. En esta tarea, es fundamental la colaboración entre el sector privado y el Gobierno Federal”, dijo.