Usted está aquí: jueves 29 de noviembre de 2007 Capital Aceptan en Benito Juárez que sí se ordenó destruir frontón

Había quejas de narcotráfico, asaltos y suciedad, aducen

Aceptan en Benito Juárez que sí se ordenó destruir frontón

La acción, “por el interés de impulsar el deporte”, funcionario

Rocío González Alvarado

Ampliar la imagen Protesta fuera del frontón ubicado en el deportivo Rosendo Arnáiz, con más de 60 años de existencia, el cual fue demolido por autoridades de Benito Juárez Protesta fuera del frontón ubicado en el deportivo Rosendo Arnáiz, con más de 60 años de existencia, el cual fue demolido por autoridades de Benito Juárez Foto: María Meléndrez Parada

El director general de Jurídico y Gobierno en Benito Juárez, Rodolfo López Olivera, reconoció que giró instrucciones para destruir el frontón ubicado en el deportivo Rosendo Arnáiz, con más de 60 años de existencia, por el interés de “generar e impulsar el deporte”, pero en instalaciones adecuadas, tras argumentar, que hubo “múltiples quejas vecinales que presumían narcotráfico, asaltos y suciedad” en ese espacio.

Lo anterior, durante una reunión con los frontonistas inconformes, quienes le exigieron la reconstrucción del centro recreativo, tras argumentar que se trata de denuncias infundadas, tal como se demostró con la liberación de las 54 personas detenidas durante el operativo del pasado fin de semana, cuando presentaron como pruebas de sus “ilícitos” guantes de felpa, pelotas de frontón, un juego de cartas y monedas que no sumaban más de 80 pesos.

“Todos los males en el deportivo no los cargan a los frontonistas, cuando son ustedes como autoridad los que deben garantizar la seguridad y la limpieza en la zona, si hay delincuentes vayan contra ellos, nosotros no somos los responsables”, recriminaron tras calificar la irrupción de elementos de la AFI y el GERI en el frontón y su posterior destrucción como “un acto de autoritarismo”.

En el encuentro, el funcionario se deslindó del operativo realizado, del cual, aseguró, sólo tuvo conocimiento cuando había terminado, pero admitió que instruyó por mutuo propio, y sin consultar al jefe delegacional, Germán de la Garza, a destruir las instalaciones deportivas, porque fue informado de la detención de más de 50 personas con pruebas fehacientes de sus ilícitos.

Tras escuchar los testimonios de los afectados, reconoció que cometió un error y planteó como solución la instalación de mesas de trabajo con los vecinos a fin de llegar a un acuerdo para restaurar el deportivo.

Sin embargo, las declaraciones del servidor público provocaron airados reclamos de los afectados, quienes exigieron su renuncia, tras acusarlo de gobernar como si estuviera en una dictadura, pues sin investigar a fondo las denuncias actuó con total arbitrariedad, al tratarlos como delincuentes.

“Si los agentes actuaron tuvo que ser a petición de las autoridades de la delegación. No ofenda nuestra inteligencia, y si asume su responsabilidad presente su renuncia, porque privaron de su libertad por dos días a gente inocente”, reclamaron tras señalar que están dispuesto a platicar con los vecinos informes, pero hasta que restauren el deportivo.

 
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