También se proponen multas de hasta $10 millones por transgredir la legislación electoral
Sanción de 10 días sin transmitir a medios que reincidan en violar la ley
Las sanciones a las empresas de radio y televisión que violen la nueva legislación electoral y no retiren del aire propaganda que promocione a gobernantes o incluya campañas sucias, serán sancionados con multas de ente 5 y 10 millones de pesos y con la suspensión total de transmisiones de entre una hora a 10 días.
Así se establece en el proyecto de modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que la madrugada de ayer concluyeron los legisladores integrantes de la comisión negociadora y que ayer mismo fue puesto a consideración de los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en ambas cámaras.
La propuesta no incluirá restricciones ni sanciones para las publicidad en periódicos, revistas y otros impresos, porque la reforma constitucional en material electoral, de la que se derivan los cambios al Cofipe y otras leyes secundarias, se refiere exclusivamente a los medios electrónicos, detalló el diputado Juan Guerra, quien participa en la negociación, junto con senadores priístas, perredistas y panistas.
El capítulo referido a sanciones a permisionarios y concesionarios establece que habrá amonestaciones públicas y multas de 100 mil días de salario mínimo para los dueños de emisoras que se opongan a sacar del aire un anuncio, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se lo ordene. En caso de reincidencia, la sanción propuesta es del doble, es decir, 100 mil días de salario mínimo. En pesos significa 5 y 10 millones de pesos, respectivamente.
Al respecto, el diputado Guerra precisó que se acordó un procedimiento expedito para los casos en que la radio y la televisión trasmitan mensajes pagados en los que funcionarios públicos se promocionen –y aparezca su imagen y voz para difundir obras o acciones de gobierno– o bien haya guerra sucia contra algún candidato o partido.
El IFE se comunicará inmediatamente con la estación o emisora respectiva y en un plazo de 12 horas el mensaje deberá estar fuera del aire. Los legisladores decidieron que la sanción principal sean multas y sólo en caso de “infracciones graves y reincidencias” los concesionarios se harán acreedores a la suspensión de la señal.
Es decir, dejarán de transmitir desde una hora hasta 10 días.
En el proyecto de modificación al Cofipe se estipula que en casos extremos se solicitará la intervención de la autoridad federal, que puede ser la Secretaría de Gobernación, la de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En el caso de personas físicas y morales, que contraten propaganda política o electoral en medios electrónicos, el IFE aplicará como sanción una multa equivalente al doble del costo del anuncio, además de retirarlo del aire de inmediato.
La negociación la llevan senadores y diputados de las tres principales fuerzas políticas del país, lo que provocó ya la protesta de los partidos pequeños, como el del Trabajo (PT) y Convergencia, cuyos coordinadores en el Senado desconocían el documento que en la bancada panista se discutió ampliamente.
La principal molestia entre los partidos pequeños es el tema de las coaliciones, donde hay la intención de que las fuerzas políticas que se coaliguen aparezcan en las boletas electorales por separado.
Aunque ayer en la Cámara de Diputados cerraron el paso a Jorge Alcocer, quien no podrá participar como candidato a consejero electoral, en las reformas al Copife se abre la posibilidad de que lo haga en la próxima elección del consejo general del IFE.
En el documento que se discute se propone reformar el artículo 112 del Cofipe, donde se expresa ahora que no podrán ser consejeros quienes hayan sido dirigentes de partidos políticos los pasados cinco años. Se disminuye a cuatro en el nuevo texto.
El partido Fuerza Ciudadana, que presidió Alcocer, perdió el registro el 29 de agosto de 2003, hace justo cuatro años, por lo que el ahora asesor para la reforma electoral podría competir por el cargo de consejero del IFE el año próximo, cuando se sustituirá a otros dos integrantes de ese organismo.