REPORTAJE /A diez años de Acteal

Ni mediación ni diálogo, mensaje del atentado, dice el EZLN

Ataque a comitiva de Samuel Ruiz desata alarma mundial

El 4 de noviembre de 1997, tres campesinos son heridos de bala

Tres días después, la hermana del obispo es agredida a martillazos

Los responsables de los enfrentamientos son los priístas y sus guardias blancas pagadas por el gobierno, insiste el concejo autónomo de Polhó días antes de la matanza. Los desplazados por la violencia viven a la intemperie y sin lo elemental para subsistir

Hermann Bellinghausen /XII

El 4 de noviembre de 1997, una comitiva donde viajan los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García y Raúl Vera, es atacada a tiros en el municipio de Tila. Resultan heridos de bala los campesinos José Pedro Pérez, José Vázquez y Manuel Pérez. El atentado se atribuye a Paz y Justicia, y esta organización se deslinda. La alarma es de alcance internacional. Dos días después, la hermana del obispo Ruiz García, María de la Luz, es agredida a martillazos y herida de gravedad. El día 7, de manera inusual, la comandancia zapatista se solidariza con la diócesis de San Cristóbal y afirma en un comunicado que los atentados “tienen el objetivo de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: ‘Ni mediación, ni diálogo, ni paz’” (La Jornada, 5 a 10 de noviembre).

El día 10, el concejo autónomo de Polhó reitera: “los responsables de los enfrentamientos en Chenalhó son los priístas y sus guardias blancas, pagadas por el gobierno”. Condiciona el diálogo a la desaparición de las guardias blancas y el retiro de policía y Ejército federal de las comunidades. Y asevera que “nuevamente han llegado amenazas y rumores de que los priístas atacarán Polhó” (La Jornada, 11 de noviembre).

El mismo día, el ayuntamiento priísta de Chenalhó “pide” públicamente –mediante un escrito– a “las dirigencias del EZLN y el PRD” que llamen a “sus simpatizantes y militantes para que encaucen su lucha en forma pacífica”. Asimismo, niega la acusación de que los enfrentamientos en el municipio han sido entre priístas. “Son los del EZLN y el PRD los que han agredido con armas de fuego a los militantes del PRI y del Frente Cardenista, sólo por no aceptar afiliarse a su organización”. El ayuntamiento oficial asegura que “en cuatro ocasiones ha tratado de conversar” con los autónomos, pero éstos “se han negado”. (Quien haya seguido este relato recordará que los intentos de diálogo habían sido interrupidos por incidentes y provocaciones gubernamentales, y los autónomos no aceptaban hablar en las condiciones imperantes de paramilitarización, ocupación policiaca y presencia militar.)

En Tuxtla Gutiérrez, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, anuncia que será sustituido por el general José Gómez Salazar. El alto mando saliente pondera que en los tres años que ocupó el cargo, el combate al narcotráfico “fue frontal y agresivo, aunque falta mucho por hacer”, y que los soldados a su cargo nunca violaron la Ley para el Diálogo y la Reconciliación. Destaca la “labor social” de las tropas en comunidades indígenas; muchas incluso “la solicitaban” (La Jornada, 11 de noviembre).

A la mañana siguiente, priístas y cardenistas disparan por segundo día consecutivo sobre las casas de 18 familias simpatizantes del EZLN en Yibeljoj, a pocos kilómetros de Polhó, “por no cooperar en la compra de armas de los grupos paramilitares que están formando” (La Jornada, 12 de noviembre). En asamblea, la comunidad agredida decide no responder. El concejo autónomo informa que de Tzanembolom hay 455 refugiados, mil 200 de Chimix y un número no preciso de Canolal, Los Chorros, Yaxjemel, La Esperanza y Puebla.

Según reporta este diario, la situación es más dramática de lo que reflejan en sus rostros los voceros autónomos en Polhó. Uno de ellos tiene en la mano la denuncia que tomaron a un anciano que acaba de relatar los sucesos de Yibeljoj. “Se regresó rápido. No sabe si los disparos dieron en su familia”, comentan los concejales, pues el hombre fue sorprendido por la balacera en su milpa. Una huella digital firma su testimonio. “No sabemos si nos van a atacar. Los priístas y cardenistas armados están como a 2 mil metros de aquí”, dice el vocero, y señala hacia Majomut (La Jornada, 12 de noviembre).

“La presencia de miembros del Partido Cardenista en los ataques armados responde a la participación de ese partido en el ayuntamiento priísta”, agrega el concejo autónomo. “A gente de ellos también la agreden”. Y añade que la casa en Majomut del juez municipal oficial, Manuel Pérez Ruiz, “está convertida en cuartel de la Seguridad Pública, porque él está metido en los ataques”. Refiere la participación directa del funcionario en agresiones contra Las Abejas, el 21 de octubre, y zapatistas, el 29 de octubre. “El juez es de los que promueven la violencia”.

En la ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, asegura que el Ejército Mexicano “no adiestra ni fomenta grupos paramilitares en Chiapas”, al recibir en sus oficinas a una comisión del Senado. El legislador perredista Carlos Payán Velver cuestiona al general secretario sobre la guerra de baja intensidad y la “posible participación de miembros del Ejército” en el adiestramiento de dichos grupos (La Jornada, 13 de noviembre).

El concejo autónomo de Polhó realiza una asamblea a la que invita al gobierno oficial de Chenalhó, pero éste no acude, “pues su contraparte ha agredido a militantes del PRI” (La Jornada, 14 de noviembre). Los autónomos niegan haber agredido a miembros del tricolor en Chimix dos semanas atrás; dijeron que esa argumentación era una táctica “para no dialogar y seguir causando violencia”, y proponen una reunión conjunta para el próximo día 21.

Sirve recurrir a una cronología de los días posteriores. Allí se registra que el 14 de noviembre, cerca de San Andrés, sobre la carretera, en territorio chamula, tres personas descienden de un vehículo en marcha y sin placas, y ejecutan al maestro Mariano Arias Pérez, del PRI, quien había expresado públicamente su desacuerdo con las acciones de su partido en Chenalhó. Dos días después, durante su entierro en Yibeljoj, los priístas hacen disparos al aire y culpan a los zapatistas del crimen. Éstos huyen a Xoyep. Por ese deceso, el alcalde priísta Jacinto Arias Cruz amenaza de muerte al párroco de Chenalhó, Miguel Chanteau, en presencia de varias personas. (La Jornada, suplemento Masiosare, 14 de diciembre.)

Siguen los días de noviembre: “17, agresión y robos por parte de priístas armados en Acteal. 18, en Aurora Chica asesinan a varios pobladores. En Polhó, la Seguridad Pública arresta a tres autónomos; uno tiene 14 años. El día 19 hay tres desaparecidos en Polhó, entre ellos un niño de nueve años. Varias casas quemadas en Tzalalucum. A partir del 17 se generaliza la agresión: familias perredistas o zapatistas huyen de 10 comunidades. El día 29, coordinadas por el Centro Fray Bartolomé (CDHFBC) y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, varias ONG visitan el norte de Chiapas y Chenalhó. Constatan la presencia de 700 desplazados que viven a la intemperie cerca de Polhó. El gobernador Julio César Ruiz Ferro habla de 800 desplazados en toda la entidad, pero su oficina de comunicación insiste a la prensa nacional en que “sólo son 500”. Sobre el terreno, se calcula que cuando menos hay 3 mil en Chenalhó (y en aumento), y más de 4 mil en la zona norte.

A su vez, el CDHFBC reporta que el día 15 fue asesinado Jacinto Vázquez Luna, en Bajo Beltik, mientras estaba en su cafetal. “Era padre de tres hijos y simpatizante del municipio autónomo. Su cadáver permaneció tirado en su cafetal”. Posteriormente, priístas de Los Chorros se enfrentaron en las proximidades de Pechiquil con un grupo de simpatizantes del municipio autónomo cuando éstos se dirigían a levantar el cuerpo de Vázquez Luna. Dicho grupo no pudo rescatarlo y retornó a sus comunidades. En tanto, el grupo priísta quemó al menos una casa en Pechiquil”.

El 20 de noviembre, el municipio autónomo de Polhó envía un comunicado a la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) y a la Conai (Comisión Nacional de Intermediación), convocándolas para que intervengan en el conflicto. Ese día, un grupo de ciudadanos y organizaciones sancristobalenses manifiesta: “Los cuerpos de Seguridad Pública destacamentados en la cabecera municipal, Puebla, Yaxjemel, Majomut, Los Chorros, Yibeljoj, Jobeltik, Kanolal y Tzanembolom pululan por los caminos y comunidades; se meten en las parcelas y siembran terror por todas partes, impidiendo que la gente coseche sus milpas y aumentando aún más la difícil situación de los pobres. ¿Están los policías buscando la paz y la reconciliación, como insiste el gobierno, o más bien protegen y azuzan a quienes tienen interés en continuar esta guerra civil? ¿Cuántos muertos más espera el gobierno para afrontar sus responsabilidades?”

El día 21, miembros de Las Abejas piden ayuda: 80 familias (408 personas) de Yibeljoj “se encuentran en una grave situación por falta de medicamentos, ya que estamos viviendo en Xoyep sin ninguna clase de ayuda”.

Ha estallado el nuevo gran problema: los desplazados, cuyo número crece en condiciones críticas, bajo lluvias invernales, sin techo, casi sin ropa. Sin alimentos. Sin medicinas. Sin. Sin. Sin.