Se apropió de 23 hectáreas e incumplió promesas, dicen
Ejidatarios de Durango deciden demandar a minera canadiense
Ejidatarios de La Sierrita, municipio de Tlahualilo, Durango, acordaron interponer una demanda penal contra la empresa minera canadiense Excellon, la cual se apropió ilegalmente de 23 hectáreas para expandir la explotación, a tajo abierto, de plata y zinc.
Los campesinos temen que la empresa se apropie de 2 mil 700 hectáreas más por las cuales ofreció a las autoridades ejidales 67.5 millones de pesos. Hace tres años, cuando la empresa llegó al ejido ofreció fuentes de empleo, obras sociales y mejorar la calidad de vida de los campesinos; actualmente sólo 10 ejidatarios laboran en la compañía y los campesinos siguen esperando los beneficios comprometidos.
En asamblea ejidal celebrada el pasado domingo, los ejidatarios acordaron defender y proteger las 2 mil 700 hectáreas de uso común con el desarrollo de proyectos productivos de siembra y explotación de candelilla, lechuguilla y orégano, de retención de agua de lluvia mediante represas de filtración y acciones para conservar fauna local en peligro de extinción, como venado, codorniz y jabalí, aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como por la Comisión Nacional Forestal.
Negativa de la firma Excellon
Martín Pacheco, comisario ejidal, comentó que los campesinos habían propuesto en cuatro ocasiones dialogar con los representantes y abogados de la empresa canadiense para que atendieran las promesas incumplidas y sobre todo porque al inicio de sus operaciones asentó que sólo ocuparía cuatro hectáreas del ejido; sin embargo, en el contrato inscrito en el Registro Agrario Nacional la firma hizo constar que tiene derecho a explotar 27 hectáreas y que por eso había entregado a los ejidatarios un millón 250 mil pesos.
Cuando los abogados de la empresa dijeron que había interés por comprar 2 mil 700 hectáreas más y pagar 25 mil pesos por hectárea, “buscamos el diálogo para tener una relación más justa, pero se han negado a presentarse a la asamblea”, abundó Pacheco.
El domingo, la asamblea acordó emprender la demanda penal porque la minera no se ha limitado a desempeñar sus trabajos en 27 hectáreas, sino que ha extendido sus operaciones a territorios ejidales de uso, disfrute y dominio de los campesinos y ha ocasionado daños materiales y ambientales en tierras de uso común.
Con el respaldo de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los ejidatarios demandaron al gobierno federal y al del estado de Durango que intervengan para que regulen las relaciones entre ejidatarios y empresas como la canadiense no sólo con criterios mercantiles, sino que incluyan los sociales, para que la inversión extranjera se convierta en detonante del desarrollo de los pueblos.