Dicen que al acoso en la sede de Azafrán se suma el terrorismo laboral en Cuauhtémoc
Empleados de la DGEI denuncian más presiones para que acepten mudarse
A punto de ser despedidos, especialistas con más de 20 años de experiencia, se quejan
“Las huestes elbistas quieren acabar de una vez con una obra que costó décadas construir”
Decididos a continuar la lucha para evitar ser trasladados a un edificio en mal estado, el cual el propio gobierno federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, calificó de no apto para la prestación de servicios públicos a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública, debido a su “estado físico y estructural”, trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) afirmaron que están “a punto de ser despedidos por no aceptar presiones de los dirigentes elbistas que se han apoderado de la estructura central en educación indígena”.
Agregaron que a la campaña de “hostigamiento” contra 76 trabajadores que permanecen en las instalaciones de Azafrán 486, colonia Granjas México –sede por casi 30 años de las oficinas de la DGEI, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Francisco González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación–, se suma el “terrorismo laboral” en las oficinas de Cuauhtémoc 614, donde “se nos ha presionado para acudir a cobrar, pese a que nuestro espacio de trabajo es el edificio de Azafrán”.
Insistieron en que “quienes estamos a un paso de ser despedidos u obligados a renunciar por el clima de acoso laboral somos, en su mayoría, trabajadores con más de 20 años de experiencia y especialistas en la elaboración de libros para niños indígenas de todo el país”, pero “ante la indiferencia del gobierno federal y la llegada del yerno de Gordillo, le han entregado la educación indígena a verdaderas huestes elbistas, quienes quieren acabar de una vez por todas con un trabajo que costó décadas construir”.
Joaquina Sandoval y Francisco de la Cruz, representantes sindicales de los trabajadores de base de la DGEI, aseguraron que, pese a haber instalado una mesa de diálogo con autoridades de esa dependencia e integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, donde el pasado 7 de noviembre se firmó un minuta, en la que “los representantes de la DGEI se comprometen a suspender las acciones de hostigamiento contra los trabajadores y a respetar nuestros derechos laborales, un día después incumplieron el acuerdo al suspender el pago de su salario a 25 compañeros”.
Destacó que, luego de acudir a la reunión, los 76 trabajadores acordaron presentarse en las oficinas de avenida Cuauhtémoc 614 para cobrar su quincena, “pero comenzó un clima de tensión, pues se obligó a que todos los compañeros bajaran a la planta baja para recibir su cheque o talón de pago –para quienes reciben su salario por depósito bancario–, pero la orden del coordinador administrativo de la DGEI, Jorge Robles García, fue que se nos pagara en la calle, a lo que nos opusimos”.
El líder sindical agregó que luego de que 51 compañeros recibieron su talón de pago, y de que los representantes sindicales se habían retirado del inmueble, “se suspendió el pago, y como única razón se nos informó que los cheques no estaban y que si queríamos más información que nos presentáramos ante el departamento jurídico”.
Joaquina Sandoval indicó que la minuta firmada por Guillermo Domínguez, director general adjunto de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la DGEI, y Manuel Vélez Ladrón de Guevara, director de edificios de esa dependencia, señala la “posible realización de un nuevo dictamen estructural del edificio de Cuauhtémoc 614, ante las pruebas que expusimos sobre el riesgo que representa para los trabajadores, ya que en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2005 se señala claramente que la Federación autorizó desincorporar el inmueble como propiedad pública debido a que requería de obras cuyo costo no podía asumir la Federación”.
Los dirigentes sindicales insistieron en que las acciones de “intimidación y hostigamiento” han llegado al exceso de “obligar” a por lo menos 15 trabajadores para que se desistan de la demanda interpuesta ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que determine cuál es la situación del inmueble y se llegue a una solución definitiva.
Ejemplo de lo anterior, aseguraron, es el caso de la profesora Bertha Serrano Ramírez, quien envió el pasado 8 noviembre una carta al director general de la DGEI, Paulino Canul Pacab, para demandar su reincorporación a las oficinas de Azafrán 486, debido a las “presiones” que recibió desde septiembre pasado, cuando solicitó su licencia prejubilatoria.
La misiva, en poder de La Jornada, señala que luego de esperar una respuesta a su solicitud durante varios días, Robles García “me comunicó que, por órdenes de usted (Canul Pacab), sólo sería liberada mi licencia si primero retiraba la demanda que existe en el TFCA y también era condición para justificar (las asistencias) de todo el mes de octubre”.
Agrega que el 7 de noviembre “fuimos llevados al tribunal un grupo de trabajadores con la finalidad de desistirnos de la demanda”, donde la abogada Graciela Maciel Urrutia, integrante del equipo de abogados de la SEP, les informó que esa petición “no era condición para ser liberada mi prejubilación, pues son derechos inviolables y que además favorecía a esa dependencia, porque éramos dos personas menos”, en relación con el caso de otro trabajador.