El cambio de consejeros en el IFE es cosa juzgada: PRI y PRD
A marchas forzadas, modificaciones a leyes secundarias en materia electoral
El relevo se hará tomando en cuenta el desempeño de cada uno, advierten institutos políticos
Mientras el Poder Legislativo afina a marchas forzadas los cambios a leyes secundarias en materia comicial, PRI y PRD advierten que la salida escalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es cosa juzgada, porque representan la imagen de un árbitro sin credibilidad, además de que han avalado “aberraciones jurídicas” y se han tomado atribuciones que no les corresponden.
Previo a la salida de tres miembros del organismo –incluido el presidente consejero Luis Carlos Ugalde–, en el IFE hay un nuevo juego de vencidas entre sus principales integrantes.
Por un lado, funcionarios y consejeros electorales investigan 281 mil espots irregulares de la campaña presidencial de 2006, o que no fueron reportados adecuadamente, de acuerdo con el propio diagnóstico del instituto.
Pero, al mismo tiempo, los partidos advierten que sus legisladores tomarán en cuenta “el valor del desempeño en el pasado” de cada consejero y, con base en la experiencia anterior, harán la selección de los relevos.
En la nueva etapa del IFE los consejeros tendrán una responsabilidad histórica: circunscribir sus actos de autoridad a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, con el propósito de buscar reconstruir la credibilidad de este órgano, dijo Alfredo Femat, representante del PRI ante el Consejo General del instituto.
Por lo menos en el caso del tricolor, parecen no olvidar el desplante –“omisión”, lo llaman los priístas– de los consejeros ante lo que este partido consideró una violación a las normas de la contienda, por el caso de los espectaculares con la leyenda: “Tú le crees a Madrazo… Yo tampoco”, en referencia a su abanderado a la Presidencia. En especial, la sanción por más de mil millones de pesos (el Pemexgate) derivada de la elección de 2000.
El PRD, cabeza de la coalición Por el Bien de Todos en 2006, también tiene presente la forma en que el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, asumió atribuciones que no le correspondían al calificar anticipadamente –al menos con declaraciones– la elección presidencial, cuando es facultad exclusiva del tribunal.
Uno de los responsables de las sanciones a partidos, Andrés Albo Márquez, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló en entrevista que no le preocupan la percepción y las críticas de los partidos en ese sentido, porque todas las decisiones (derivadas de 2006) están documentadas.
“Las deliberaciones están ahí; hemos actuado conforme a precedentes y, desde mi perspectiva, apegados absolutamente a la legalidad”, declaró en entrevista.
Para tratar de revertir estas investigaciones particulares (denominadas “procedimientos oficiosos”) hay dos quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promovidas por el Partido Nueva Alianza (Panal) y la coalición Por el Bien de Todos, cuyos proyectos de resolución están a cargo de los magistrados Flavio Galván y Salvador Nava, respectivamente.
Entre los argumentos de los partidos impugnadores destaca que el número de espots está inflado, por inconsistencias del monitoreo, el cual, según los partidos, fue adjudicado –“fuera de la norma”– a una empresa privada. Por ello, confían en que el TEPJF ordene al IFE depurar el monitoreo para que arroje “números reales”.
Es precisamente la Comisión de Fiscalización la que está tratando de documentar las irregularidades en la transmisión de espots. En su próxima sesión –posiblemente se realice la semana que inicia– se dará un reporte de estas indagatorias, aunque, de acuerdo con fuentes consultadas de esa área, hasta el momento sólo tienen la respuesta de entre 35 y 40 por ciento de los concesionarios a los que el IFE solicitó entrega de documentos (incluidos fiscales) que avalen la compra de espacios propagandísticos en radio y televisión.
Al respecto, Albo Márquez dijo que el trabajo de los oficiosos continúa de manera ininterrumpida para construir “una verdad, tanto jurídica como documental, más adecuada, más profunda”.
Comentó que la investigación en torno a los espots presuntamente no reportados fue anterior a la reforma constitucional en materia electoral, la cual podría entrar en vigor la próxima semana, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.