Usted está aquí: viernes 26 de octubre de 2007 Política Grupos campesinos cabildean en el Senado contra la apertura agrícola

Exigen “blindaje efectivo” para contrarrestar los efectos negativos del TLCAN

Grupos campesinos cabildean en el Senado contra la apertura agrícola

Advierten que la liberalización comercial será desastrosa para productores de maíz y frijol

Exigen la creación de un mecanismo para regular las importaciones y exportaciones

Matilde Pérez U.

La inclusión en la Ley de Ingresos de un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol, sus derivados y subproductos, no compete sólo a los campesinos, sino también a los consumidores, porque el “tortillazo, el bolillazo y el gasolinazo” son una muestra de lo que acontecerá en 2008 con la apertura total en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtieron dirigentes de diversas organizaciones campesinas.

En el intenso cabildeo que iniciaron ayer con los senadores de PRD y PRI, los líderes del bloque de agrupaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Alianza de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón (ANPAP) y Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) sostuvieron que no tiene ningún caso asignar más presupuesto al campo sin un mandato claro y preciso que dé certidumbre a los productores de maíz y frijol, se termine con los subejercicios y haya una profunda restructuración de las instituciones federales.

Aseguraron que los campesinos están dispuestos a “establecer un muro humano en los puertos y fronteras a partir del primero de enero de 2008 para impedir el ingreso de maíz y frijol de Estados Unidos, y sostener una larga batalla hasta lograr un blindaje efectivo para el agro. Si no hay sensibilidad de los legisladores para que los cambios propuestos por las organizaciones se introduzcan en la leyes de Ingresos y Egresos, la inconformidad y descontento sociales seguirán profundizándose”.

Explicaron que recurrieron al Senado para tratar de sensibilizar a los legisladores y que en la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación aprueben la introducción del artículo tercero transitorio, referente al citado mecanismo, lo cual fue rechazado por los diputados de PRI y PAN.

“Los legisladores deben sensibilizarse y sopesar los efectos desastrosos que ha dejado el TLCAN en el campo en los 13 años de aplicación y, sobre todo, que la eliminación de los aranceles a las importaciones de maíz y frijol dañará a los productores con menos de cinco hectáreas”, agregó José Narro Céspedes, de la CNPA.

Víctor Suárez Carrera, de la Conoc, admitió que el movimiento campesino se halla en un estado de mayor debilidad que en 2003, cuando se habló del blindaje a la agricultura nacional y se logró la firma del Acuerdo Nacional para el Campo.

Sin embargo, añadió, esta es la coyuntura para volverse a unir y empujar el cambio en la política agropecuaria que necesitan. Pero “del Ejecutivo federal no esperamos nada, porque está demostrando que sigue el mismo modelo de Vicente Fox y de Javier Usabiaga, ex secretario de Agricultura, quienes respaldaron a los agroempresarios; los cambios deben darse desde el Congreso de la Unión”.

Consideró que la propuesta de crear una subcomisión de Hacienda en la Cámara de Diputados para revisar los efectos del TLCAN en la agricultura es intrascendente y repetitiva, pues ya existe dicho organismo especial. Esa propuesta, que por el momento está en un compás de espera hasta que el Senado haga sus observaciones a la Ley de Ingresos, fue una salida que encontraron los legisladores del PRI y de la CNC para no ser acusados por los campesinos de traidores, pues ellos se habían comprometido a respaldar el artículo tercero transitorio, abundó.

Martín Solís, de la ANPAP-El Barzón, apuntó que otras de las propuestas del Conoc es que la Secretaría de Reforma Agraria asuma las funciones de desarrollo rural; que se lleven a cabo evaluaciones externas a los programas para verificar la aplicación de los recursos públicos y dejen de utilizarse para captar votos, y terminar con los subejercicios presupuestales.

 
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