Usted está aquí: miércoles 24 de octubre de 2007 Política Impulsan “revisión” del caso Acteal interesados en refrendar impunidad

Las Abejas y ONG preparan conmemoración por el décimo aniversario del crimen

Impulsan “revisión” del caso Acteal interesados en refrendar impunidad

A esa matanza se suman numerosos hechos de violencia contra movimientos sociales

Hermann Bellinghausen

A dos meses del décimo aniversario de la matanza de Acteal, en Chiapas, la efeméride ya muerde. A la par de la conmemoración que ya se anuncia por parte de Las Abejas, organización a la que pertenecían las víctimas de aquel suceso, así como decenas de organismos civiles nacionales e internacionales y organizaciones políticas, los grupos interesados en refrendar la impunidad de ese crimen arrecian una campaña de “revisión histórica” con implicaciones jurídicas y de propaganda que anuncia una temporada caliente. La memoria despierta, acicateada curiosamente por aquellos para quienes revivir la historia podría llevarlos finalmente a los tribunales internacionales.

Se suman además numerosos hechos de violencia contra movimientos sociales, que han ensangrentado la década reciente en el país. El 27 de octubre se cumplirá un año del asesinato del periodista estadunidense Bradley Will en las calles de Oaxaca. La red de Indimedia en el mundo aprovechará para insistir en su demanda de justicia para ese crimen, tan impune como Acteal y otros que involucran directamente a sectores gubernamentales.

Exigen aclarar la muerte de Brad Will

En un documento para el que Indimedia ha iniciado una campaña de recolección de firmas, se expresa: “Hacemos pública nuestra indignación ante esta situación, y mantenemos firme nuestra exigencia al cumplimiento y respeto de los derechos humanos”, y a que se llegue a la verdad sobre los hechos que ocasionaron la muerte del periodista, “así como al procesamiento de los responsables”.

Es muy larga la lista de casos impunes en la agenda de la justicia en México, añade el texto: “Lista que continúa creciendo. Pero queremos hacer saber que para nosotros no existen tiempo, distancias ni fronteras para continuar exigiendo justicia por Brad y todas las víctimas de Oaxaca. No nos rendimos, no nos callamos, y no los olvidamos. Basta de impunidad en México”.

Reúnen firmas contra la impunidad

Por su parte, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) también reúne firmas para que Acteal no quede impune. A juicio de este grupo, la vigencia de los derechos humanos en el país depende de la superación de una serie de poderosos obstáculos, entre los que destaca “una profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Las esferas institucionales no logran, por falta de voluntad, asegurar la vigencia del estado de derecho. Son las capas más desfavorecidas de la sociedad, especialmente las comunidades indígenas, quienes sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia e impunidad”.

Se llama la atención sobre la “estrategia jurídica y política cuyo objetivo es lograr el control y la desarticulación de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Se han documentado numerosos casos de negación de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, por medio de un uso de la fuerza policial y militar abusivo e indiscriminado. En ocasiones, han formado parte de esta estrategia grupos de civiles armados o paramilitares responsables de desapariciones forzadas, lesiones y muertes que siguen impunes”.

La CCIODH señala la “patente ausencia de voluntad de los representantes gubernamentales a la hora de hallar salidas dialogadas a los conflictos”. Frecuentemente “han sido las propias instituciones las que han alentado, por acción u omisión, los enfrentamientos entre personas o comunidades como modo de legitimar la actuación represora de las fuerzas de seguridad”.

Un ingrediente ha sido el incumplimiento institucional de los compromisos. “El caso más emblemático lo constituyen los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aplazados sucesivamente en su cumplimento hasta su definitivo desprecio por medio de la reforma constitucional de 2001”.

Hasta hoy se da un “rechazo consciente” a la autonomía indígena para “legitimar las estrategias de asimilación y aculturación”. Otras lacras son “la pervivencia de un machismo que se traslada a la actuación de unas fuerzas de seguridad y militares cómplices, cuando no responsables inmediatas, de graves vulneraciones de los derechos de las mujeres. Sucesos como los de Atenco, donde fueron documentadas graves agresiones sexuales, así lo atestiguan”.

Asimismo, se añade “la falta de independencia del Poder Judicial”. Con frecuencia “jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales” al encarcelar líderes y miembros de organizaciones y movimientos sociales. En México, concluye la CCIODH, “existen presos políticos”.

 
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