Usted está aquí: martes 23 de octubre de 2007 Política Consejeros estatales prevén retroceso en código de buenas prácticas en transparencia

Se quejan de que fueron excluidos para elaborarlo

Consejeros estatales prevén retroceso en código de buenas prácticas en transparencia

Elizabeth Velasco C.

En materia de transparencia los estados de la República corren el riesgo de sufrir un retroceso si se avala, sin atender a las sugerencias de los institutos estatales respectivos, el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información, que mañana presentará el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, mediante la UNAM y el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), al Congreso de la Unión, se advierte en un análisis en el que participan consejeros de unos 20 institutos de transparencia estatales.

Los consejeros se quejaron de que sus propuestas no se tomaron en cuenta, pese a que participaron y las presentaron en las consultas públicas que coordinaron el comisionado presidente del IFAI y el secretario general del CIDE, Sergio López Ayllón.

El consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Eleael Acevedo Velázquez, en entrevista con La Jornada, puntualizó que llegó a tal grado su preocupación por la omisión de sus recomendaciones que el pasado viernes los consejeros de los institutos del Distrito Federal y los estados de México, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Michoacán y de unas 13 entidades más se dieron cita en la ciudad de México para hablar con Lujambio.

“Nos pareció muy cuestionable que nos inviten a una fiesta –dijo en alusión a las consultas y a la presentación del código–, nos pongan la música que ellos quieren, nos digan cómo bailar y además que nos quieran poner a lavar los platos; creemos que las propuestas no deben provenir de la Federación, sino, por el contrario, de los estados a la Federación”, subrayó.

Por ello, en las instalaciones del IFAI demandaron no sólo la incorporación de sus sugerencias, sino también la eliminación de muchas más que, de aceptarse como están plasmadas en el documento que aún circulaba el viernes pasado, “significarían un peligroso retroceso para la transparencia que actualmente se ejerce en una buena parte de estados y municipios”. Y a unas horas de la presentación del código, Acevedo advirtió que todavía no conocen el documento final, “pese a que fuimos contundentes en manifestar que no aceptamos que se diga que hay consensos, porque esa investigación el IFAI se la encargó a López Ayllón, a quien por cierto le están pagando por elaborar el proyecto”.

Los desacuerdos de los consejeros con el Código se plasman en unas 15 cuartillas, cuya copia posee este diario, y comienzan a partir de lo que constituye el objetivo genérico de ese documento, es decir, las primeras páginas, pues ahí se plantea que las propuestas son “alternativas” para el diseño de las leyes de transparencia a nivel local, cuando “en la reunión que sostuvimos en las oficinas del IFAI, se dijo lo contrario”, además de que se deja fuera la ley federal respectiva.

Acevedo subrayó que hay propuestas que acabarían con prácticas de transparencia que están muy por arriba de lo que ocurre a escala federal con el IFAI, como la rendición de cuentas en forma directa por los partidos políticos a la ciudadanía; la declaración patrimonial de los funcionarios públicos con cargos de medio y alto nivel, sin excepción, incluyendo gobernadores; las sanciones que en forma directa los institutos estatales aplican a los servidores públicos cuando niegan información, en particular el IMIPE que inhabilitó a un funcionario; la eliminación de la fotografía de los funcionarios municipales y estatales, por citar algunos ejemplos.

Otro cuestionamiento al código es que sugiere “ponderar cuidadosamente el desempeño de los comisionados (o consejeros) para, si se considera conveniente, permitir que concluyan los periodos para los que fueron designados”. Acevedo subrayó que ese texto puede ser “un pretexto para quitar no malos comisionados o consejeros, sino precisamente los que son incómodos al poder político”.

 
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