Filtraciones y violaciones a su propia ley, entre otros
Preparan ya relevo en el TCA sin resolver lista de escándalos
Sueldos exorbitantes, violación a su Ley Orgánica, despidos injustificados, “discriminación salarial”, además de escándalos políticos generados tanto por la filtración de información durante la práctica de una auditoría por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), como por la pretensión de crear un fondo de retiro millonario exclusivo para los magistrados, han caracterizado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), encabezado por Jaime Araiza Velázquez, quien concluye su gestión en diciembre próximo.
Incluso, hasta las oficinas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han llegado escritos denunciando estas situaciones, y, sobre todo, demandando reformas en su normatividad interna, para terminar con el “monopolio en la toma de decisiones” que por ley tiene la Sala Superior, integrada por siete de los 22 magistrados del Contencioso, y por donde pasan prácticamente todos los asuntos de este órgano autónomo.
De acuerdo con entrevistas realizadas a servidores públicos de esa institución, a representantes sindicales y a los propios diputados locales es necesario promover “reformas a fondo” en el TCADF, que le permita ser más conocido entre el grueso de la población como el órgano responsable de dirimir las controversias surgidas entre los particulares y las autoridades capitalinas, y cuyas resoluciones, en un gran porcentaje, salen favorables a los primeros.
Uno de los puntos que más ha sido criticado por diputados como Tomás Pliego, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, son los sueldos excesivos de los magistrados del Contencioso. Según la página oficial de Internet de este Tribunal, su presidente, Jaime Araiza, percibe poco más de 113 mil pesos cada mes, libres de polvo y paja, cantidad superior al de su homólogo en el Tribunal Superior de Justicia del DF, y que según la página web, asciende a 101 mil 694 pesos netos mensuales.
No sólo eso, para diciembre próximo Araiza recibirá un aguinaldo de 196 mil 530 pesos. En el caso de los seis magistrados que lo acompañan en la Sala Superior el salario para cada uno es de 100 mil pesos al mes, ya libres de impuestos, mientras que los magistrados de las salas auxiliares y ordinarias es de 91 mil 800 pesos, durante el mismo periodo.
A pesar de estos niveles de ingresos elevados, los titulares de estas últimas salas alegan “discriminación salarial”, y violación a la Ley Orgánica de este órgano autónomo, pues según el artículo 7 de dicho ordenamiento los 22 magistrados deberían ganar en la misma proporción.
Líderes sindicales han hecho pública, también, la situación de algunas prestaciones que, como los vales, son otorgados en cuantías mayores sólo a algunos empleados del Tribunal de lo Contencioso, principalmente a los que están asignados a la Sala Superior, en detrimento del resto de los trabajadores.
Respecto al Fondo de Retiro exclusivo para magistrados, fue precisamente el diputado Tomás Pliego quien en diciembre pasado hizo pública la aprobación que hizo de la Sala Superior de destinar 16 millones de pesos –producto de la retención de impuestos a todos sus empleados– para tal fin. No sólo eso, reveló cómo, a contracorriente de la Ley de Austeridad, el TCADF había adquirido vehículos nuevos.
El asunto traspasó las fronteras del Tribunal, se politizó y obligó a Araiza Velásquez a recular en esta pretensión y enviar los 16 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. Incluso, en los inicios de este escándalo, el titular del Contencioso trató de acallar las protestas de la base trabajadora entregando 200 mil pesos para que se repartieran entre los agremiados.
Frente a este asunto, la Asamblea Legislativa tomó cartas en el asunto e instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda a realizar una auditoría al fondo de retiro, sólo que se topó con la “filtración” que realizaron desde ese órgano de fiscalización hacia el Tribunal, y que llevó al despido de servidores públicos de esas dos entidades.
Aunado a ello, están los despidos injustificados en este órgano autónomo, que en algunos casos les han sido contrarios, provocando elevados pagos.