Temen que la propuesta de Calderón fomente abusos y legalice atropellos

Piden a la CIDH evitar que la reforma de justicia vulnere los derechos humanos

Es regresiva la estrategia, pues refuerza el sistema inquisitivo, consideran ONG

Carolina Gómez Mena

Diversas organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga con el propósito de que en la reforma en materia de justicia penal se garantice el respeto a los derechos humanos, pues aseguraron que en las condiciones actuales en que la iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Senado no se cumple con ese requisito.

En conferencia de prensa, los titulares de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Édgar Cortez; del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, y de Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, Carmen Herrera, expusieron que la propuesta es “regresiva” en materia de garantías fundamentales y refuerza el “sistema inquisitivo”, y por lo tanto auguraron que “no logrará un combate efectivo en contra de la delincuencia”, ya que la mejor manera de tener éxito es ese rubro es “respetar los derechos humanos”.

Édgar Cortez informó que el viernes pasado, en el contexto del 130 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, las organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron esta petición de intervención y agregó que se prevé que al término de esta reunión, la cual concluye mañana, esta instancia pueda emitir alguna respuesta.

Entre las posibilidades está que emita algún comunicado o aborde el tema en la clausura, tenga algún tipo de comunicación con el gobierno mexicano para preguntar si con una reforma como la planteada se podría garantizar el respeto a los derechos humanos o bien –apuntó Cortez– la CIDH puede pedir a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el asunto.

De acuerdo con Carmen Herrera los integrantes de la CIDH “mostraron gran interés y preocupación” por lo expuesto y por ello confió en que esta instancia se pronunciará en breve sobre el asunto.

En tanto, Arriaga Valenzuela detalló algunos de los principales puntos que generan preocupación. Entre ellos está la “constitucionalización del arraigo”, figura que –dijo– “ha sido considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como violatoria de la libertad personal y por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas como una forma de detención arbitraria”.

Otro es la “supresión del proceso ante la existencia de la confesión”, lo cual transgrede las garantías de debido proceso, lo cual es aún más serio por la “persistencia de la práctica de la tortura” y añadió que también está la falta de aplicación del principio de presunción de inocencia y citó como ejemplos claros de ello lo ocurrido a los detenidos en los conflictos de San Salvador Atenco y Oaxaca.

Dijo que a pesar de contradecir lo establecido en la Constitución, se impone a los procesados la carga de probar su inocencia.

También mencionó el hecho de que en la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón el 9 de marzo de este año al Senado se aumentan las facultades al Ministerio Público, pudiendo realizar cateos sin orden judicial previa.