Usted está aquí: domingo 14 de octubre de 2007 Política Ambigüedad legal, en el deber del Estado de financiar la educación

Alerta de académicos e investigadores de la UNAM

Ambigüedad legal, en el deber del Estado de financiar la educación

Roberto Garduño

Integrantes de la comunidad académica de las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Economía, Ingeniería y Medicina, así como de los institutos de Investigaciones Económicas, Geofísica y Estudios Bibliográficos de la UNAM advirtieron sobre el riesgo de privatización de las actividades cruciales del Estado, entre ellas la educación superior.

En medio del proceso de elección del nuevo rector de la máxima casa de estudios, los profesores e investigadores convocaron a la comunidad universitaria a participar en la discusión para elaborar una agenda básica con propuestas para los candidatos a ocupar el cargo.

En un documento titulado Hacia una nueva rectoría de la UNAM, manifiestan preocupación frente a la ambigüedad constitucional en torno a la obligación del Estado de financiar la educación superior pública y el abandono en que está por parte del gobierno federal, mismo al que ha condenado a la Universidad Nacional. También cuestionan la estructura universitaria en el poder, que se encuentra altamente centralizada, donde “el juego de fuerzas entre los grupos de interés controla el proceso de toma de decisiones, que se traduce en una subrepresentatividad que impide la participación de la mayoría de la comunidad en los procesos de elaboración de las políticas de la institución”.

Señalan que de esto se desprende una visión burocrática enfocada a la administración, la cual se basa en criterios racionales de eficiencia técnica y eficacia económica.

A esto se suma la ausencia de un ejercicio comunicativo que integre a la comunidad de la UNAM a la toma de decisiones, y de esta forma provea a la institución de los canales y los flujos comunicativos directos y capaces de construir razonamientos técnicos y explicaciones políticas que permitan articular apoyos y concretar acuerdos.

Firmado por los académicos e investigadores Carola García Calderón, Roberto Sánchez, Carlos Sirvent, Leonardo Figueiras, María Ester Navarro, Jorge Meléndez, Verónica Romero Servín, Pablo Cabañas, Elena Jeanneti, Gerardo González, Ana María Sánchez, Napoleón Glockner y 50 académicos más, el texto advierte que la estructura de poder en la universidad carece de eficacia para mantener la estabilidad y el cambio institucional.

“Las determinaciones obedecen más a la lógica unipersonal, producto de presiones de grupos de interés, y menos a la demanda legítima de la comunidad universitaria. De esta suerte, muestran que para lograr su implantación, las políticas ya no pueden sustentarse solamente en una racionalidad técnica desconectada o en contradicción con las expectativas de los miembros de la comunidad, ignorando su participación”.

 
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