Usted está aquí: viernes 12 de octubre de 2007 Mundo La fortuna de Pinochet, con el robo de fondos públicos a las arcas de Chile

Su enriquecimiento, también por compraventa de armas: Consejo de Defensa del Estado

La fortuna de Pinochet, con el robo de fondos públicos a las arcas de Chile

El fallecido ex dictador se apropió de dineros reservados y comisiones por contratos del ejército

El hijo menor y el albacea del ex general, los mayores operadores en la triangulación de cuentas

Enrique Gutiérrez (Corresponsal)

Ampliar la imagen Imagen de archivo del fallecido dictador y su esposa Lucía Hiriart, tomada el 25 de noviembre de 2006 Imagen de archivo del fallecido dictador y su esposa Lucía Hiriart, tomada el 25 de noviembre de 2006 Foto: Reuters

Santiago, 11 de octubre. El Consejo de Defensa del Estado, ente querellante en el proceso por las cuentas millonarias del fallecido ex dictador Augusto Pinochet y su familia, sostuvo que ese enriquecimiento provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos.

La abogada del organismo, María Teresa Muñoz, al defender los intereses del fisco chileno, explicó que la fortuna de la familia Pinochet se fincó en la apropiación de “los fondos reservados del Estado de Chile y de las comisiones por contratos del ejército relacionados con la compra y venta de armas, con perjuicio fiscal”.

Subrayó que aparte de los fondos públicos, “el otro origen son las compras de armas suscritas por el ejército de Chile, donde se generaron comisiones que llegaron vía depósitos a las numerosas cuentas del general, principalmente de la empresa BAE de Inglaterra y de varias otras de Holanda”.

La jurista también destacó ante los jueces de la Corte Suprema que el hijo menor del ex dictador –fallecido el 10 de diciembre de 2006–, Marco Antonio Pinochet, y el ex albacea Oscar Aitken fueron los mayores operadores de la triangulación de dinero ilícito por Augusto Pinochet Ugarte

Durante la vista de amparos presentada contra el encausamiento de familiares y ex colaboradores del ex gobernante de facto (1973-1990), Muñoz pidió al tribunal que se recalifique a los imputados y en lugar del delito de malversación de caudales públicos se los procese por el delito de negociación incompatible.

Aseveró que las imputaciones sobre delitos en la fortuna de Pinochet están “completamente acreditadas” y existen antecedentes suficientes respecto del movimiento de las cuentas corrientes que mantenía ocultas Pinochet en el banco Riggs de Washington, cuyas transacciones internacionales llegaban al menos a unos 26 millones de dólares.

La abogada querellante, que dio a conocer varias cifras sobre transferencias de cuentas bancarias de la Casa Militar a las de Pinochet entre 1983 y 1984, también citó que, por ejemplo, 35 mil dólares fueron a la cuenta de otro de los hijos del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, y de la ex esposa de éste, María Victoria Molina Carrasco.

De los fondos reservados de la Presidencia de la República, asignados a la Casa Militar, se giraron más de 285 mil dólares para gastos particulares de Pinochet Hiriart, su ex esposa e Inés Lucía Pinochet Hiriart, entre otros de los antecedentes presentados.

Mientras la defensa de la familia Pinochet continúa negando los cargos, se informó aquí que será durante la última sesión de la quinta sala de la Corte de Apelaciones, la próxima semana, cuando se definirá si se acogen o no los recursos de amparo presentados por 14 de los 23 procesados por la justicia en este caso.

El juez Carlos Cerda, quien la semana pasada ordenó el arresto y procesamiento de la familia Pinochet y de sus ex colaboradores implicados, también refrendó desde Washington –donde recibía un premio internacional por su trabajo– la denuncia del Consejo de Defensa del Estado de que parte de las millonarias cuentas provenían de fondos públicos y de la compraventa de armas.

No obstante, el sábado pasado el propio Cerda, en consulta con los tribunales, concedió la libertad provisional a todos los involucrados, que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó para permitirles la salida de la prisión luego de haber permanecido 48 horas tras las rejas.

Opinión neonazi

El antiguo jefe e ideólogo fascista, el abogado defensor Pablo Rodríguez, pidió al juez Cerda, premiado en Estados Unidos por su acción en el campo de los derechos humanos, que haga “un gesto de grandeza moral y se margine de esta causa porque carece de la más mínima imparcialidad”.

Rodríguez fue jefe máximo del grupo neonazi Patria y Libertad, que desde la clandestinidad intentó en varias oportunidades derrocar al gobierno de Salvador Allende, y luego del golpe de Estado –el 11 de septiembre de 1973– asumió funciones gubernamentales y encabezó la represión y los asesinatos de izquierdistas.

Tras la premiación, el juez Cerda negó en entrevista con la agencia Afp que en Chile exista “persecución política” contra la familia Pinochet, como han afirmado sus integrantes, y dijo que tal imputación daña a la democracia de su país al pretender que la justicia actúa en respuesta a algún “impulso, iniciativa o presión” de las autoridades gubernamentales o del Poder Legislativo.

Dijo que le resulta difícil pensar que su actuación obedece a un gesto de “valentía”, al subrayar que siempre se ha conducido con responsabilidad desde que le tocó atender en el pasado casos complejos y difíciles sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet Ugarte.

Asimismo, destacó el enorme aporte a la cultura de la justicia mundial del juez español Baltasar Garzón, y calificó como determinante para la justicia chilena el arresto del ex dictador chileno en Londres, en 1998.

 
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