Pide a legisladores federales reformar la Ley General de Población
El Centro Pro acusa al gobierno de no garantizar los derechos de migrantes
La administración calderonista ha endurecido las políticas en la materia, sostiene
El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa ha endurecido las políticas migratorias nacionales y cada vez más incumple su obligación de garantizar los derechos humanos de los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos cruzando por México, aseguró Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Agregó que la Ley General de Población, en su artículo 138, persigue y criminaliza a todas aquellas personas que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, razón por la cual el Centro Pro hizo un llamado a los legisladores federales para que revisen dicha normatividad, de tal forma que se garanticen las garantías de todos los extranjeros que pasen por territorio nacional.
“El hecho de que los migrantes tengan una situación migratoria irregular no exime al Estado mexicano de garantizarles sus garantías básicas, como el derecho a la vida. Esta ley representa una limitación a los derechos humanos de los migrantes, vulnera su carácter universal y constituye una discriminación.”
Arriaga Valenzuela manifestó que entre 2001 y 2005 han sido detenidos en México 934 mil 51 ciudadanos de origen centroamericano que se encontraban en tránsito hacia la frontera norte, y el fenómeno tiende a agudizarse.
La “ambigua” redacción del artículo 138 de la Ley General de Población, explicó, castiga “injustamente” a toda persona que ofrezca ayuda humanitaria o defienda los derechos humanos de los migrantes, por tanto, urge modificarla.
Recordó el caso de la mexicana Concepción Moreno Arteaga, quien fue detenida el 10 de marzo de 2005 y sentenciada a seis años de prisión por proporcionar alimentos a migrantes hondureños.
El pasado 31 de agosto fue liberada y hoy “representa el más claro ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos de los migrantes centroamericanos y cómo son criminalizados si les brindan ayuda humanitaria”.
Agregó que la problemática migratoria no se resuelve levantando bardas ni endureciendo las políticas que violan los derechos humanos, sino que los países deben ofrecer alternativas económicas a la población para solucionar esa situación.
Asimismo, indicó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro se pronuncia porque “el gobierno mexicano haga efectivo el respeto a estos derechos, ya que tiene un compromiso internacional suscrito. El Estado mexicano tiene posibilidades de realizar acuerdos políticos para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes. Por ello instamos al jefe del Ejecutivo federal para que dé respuesta contundente y haga valer estos derechos, en específico el derecho a la vida”.