Decidirá el juez dónde la recluyen
El traslado de Sandra Ávila Beltrán del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla a un penal de máxima seguridad es muy remoto, porque la Procuraduría General de la República ya no tiene jurisdicción sobre ella, y sólo el juez responsable de la causa penal abierta contra la inculpada puede decidir en qué cárcel debe permanecer.
De acuerdo con fuentes judiciales cercanas al caso y con el abogado de la mujer, desde el pasado martes, cuando quedó a disposición del juzgado 18 de distrito con sede en el Reclusorio Norte, las autoridades federales dejaron de tener control sobre el destino de Sandra.
Las fuentes judiciales agregaron que sólo si las autoridades del juzgado 18 de distrito consideran que está pericialmente acreditada la “peligrosidad” de Sandra Ávila, podría ordenarse su reclusión en un penal administrado por la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Por su parte, el abogado Jorge Hernández Altamirano, defensor de la mujer, aseguró que su cliente no puede ser cambiada de penal y agregó que tramitarán un amparo para evitar una extradición fast track a Estados Unidos.