Editorial
Plan México: en la ruta de Colombia
Según un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano está edificando un centro de comando contra el narcotráfico con ayuda de Estados Unidos. El documento hace referencia a las “agresivas acciones” del gobierno de Felipe Calderón como “una fuerte y prometedora señal que constituye un buen presagio para la continua cooperación”. A este respecto, el director de la ONDCP, John Walters, aseguró que “en un par de días” daría a conocer detalles sobre el acuerdo de asistencia militar para el combate al narcotráfico y al crimen organizado conocido como Plan México –por sus similitudes con el que Estados Unidos impuso en Colombia a principios de esta década–, cuyas negociaciones se mantenían desde enero y que prevé la entrega al gobierno mexicano de una cantidad millonaria (estimada en mil 400 millones de dólares), además de tecnología para labores de espionaje, aeronaves para transporte de tropas y entrenamiento militar y policial.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, aseguró el martes, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, que el llamado Plan México “se trata de un programa que, con pleno respeto a la soberanía nacional, permitirá incrementar las capacidades tecnológicas, humanas y operativas del Estado mexicano” para hacer frente al narcotráfico y afirmó que no existen elementos para catalogarlo como una redición del Plan Colombia, en particular porque no considera “la presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio”. Significativamente, estas declaraciones ocurrieron el mismo día en que la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia SRE negaron la participación de agentes de seguridad de Colombia encubiertos en territorio nacional –como había afirmado la víspera el fiscal general de esa nación sudamericana, Mario Iguarán Arana–, quienes al parecer proporcionaron información para la captura del presunto narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa. En referencia a esas aseveraciones, la canciller respondió que la cooperación en materia de combate al narcotráfico entre México y Colombia “invariablemente está apegada a derecho”.
Los hechos mencionados ponen de manifiesto que, en aras de una pretendida lucha contra el narcotráfico, la actual administración ha terminado por colocar al país en una incómoda posición entre Estados Unidos y Colombia, nación cuyo gobierno ha cedido a Washington grandes porciones de su soberanía en el contexto del referido acuerdo de lucha contra el narcotráfico. El saldo que la aplicación del Plan Colombia ha arrojado al gobierno de Álvaro Uribe no es precisamente positivo: tras someterse a la implementación del programa, el gobernante colombiano ha tenido que enfrentar las acusaciones de la Casa Blanca por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en su país, además de que ha presenciado la conversión del narcotráfico en un conflicto de tintes bélicos y ribetes contrainsurgentes.
En el caso de México, ha quedado claro, con las declaraciones del director de la ONDCP y de la canciller nacional, que la colombianización del país es la perspectiva del grupo gobernante local y de la Casa Blanca. La puesta en marcha de una versión mexicana del Plan Colombia significaría para nuestro país un inaceptable retroceso en materia de seguridad, de soberanía nacional y de vigencia de los derechos humanos, así como una evidente pérdida de capacidad para comprender los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas del narcotráfico, fenómeno delictivo que se alimenta y se agrava con la miseria, la desigualdad y la marginación que recorren el país.