Anomalías en el proceso judicial contra el ex edil, dice
CNDH: autoridades de QR violaron garantías individuales de El Chacho
Cancún, QR. 28 de septiembre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que autoridades de Quintana Roo violaron las garantías individuales y cometieron actos ilegales contra el ex alcalde de Cancún y actual dirigente perredista, Juan Ignacio García Zalvidea, El Chacho, en el proceso judicial que se le sigue por peculado y que lo confinó a la cárcel más de un año entre 2005 y 2006.
El organismo también encontró irregularidades similares en el proceso de desaparición, por el Congreso, del ayuntamiento que García Zalvidea presidía en 2004, hecho por el cual estuvo ocho días en la cárcel aún siendo presidente municipal, con lo que se violó su fuero constitucional.
La CNDH emitió la recomendación 043/2007, en la cual se pide que se inicien investigaciones administrativas y averiguaciones previas contra, entre otros, el presidente municipal priísta de Benito Juárez, Francisco Alor; el síndico José Luis Pineda; siete elementos de la Procuraduría de Justicia, el actual y el ex auditor superior del estado, y el secretario de seguridad Pública y Vialidad de Yucatán, Felipe Saidén Ojeda, quien fue director de la policía de Cancún durante la administración de García Zalvidea.
La recomendación se basa en dos hechos. Por un lado, la detención de García Zalvidea el 28 de julio de 2004, cuando el Congreso estatal desapareció el ayuntamiento que él presidía. Aquel acto del Congreso fue desaprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien reconoció a García Zalvidea como legítimo presidente municipal, y ordenó dejarlo en libertad el 4 de agosto de 2004.
El otro hecho es la acusación de peculado por 125 millones de pesos que pesa sobre el ex alcalde, por lo cual estuvo en prisión entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006 y ahora se encuentra en libertad caucional.
Sobre este tema, el ombudsman José Luis Soberanes afirma: “Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, esta Comisión Nacional cuenta con elementos que permiten acreditar violaciones al derecho de libertad, legalidad, seguridad, de igualdad jurídica, presunción de inocencia, defensa y debido proceso, en agravio del señor Juan Ignacio García Zalvidea, por parte de servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo”.
Además, acusa al actual edil, Francisco Alor, al síndico José Luis Pineda y al director jurídico del municipio, Gaspar Buenfil Caballero, de incurrir en responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones “al consentir o permitir que se sostuviera una acusación o imputación indebida de hechos, derivada de una irregular integración de averiguación previa y de un proceso anómalo”.
La CNDH considera que estos tres funcionarios aportaron información contable y financiera para la causa contra García Zalvidea, a sabiendas de que esa información no correspondía al periodo de gobierno de éste, sino de su sucesor temporal en el cargo, Carlos Canabal.
El documento destaca: “Los argumentos usados para atribuir al quejoso una responsabilidad penal-administrativa derivan de lo que los propios denunciantes denominaron una teoría”; agrega que el actual y el ex auditor superior del estado, Emiliano Joaquín Oliva Alamilla y Emiliano Novelo Rivero, respectivamente, pudieron haber actuado ilegalmente “al omitir cumplir con los deberes de comprobación que tenían a su cargo”.
Con respecto al caso de julio de 2004, el ombudsman consideró que a García Zalvidea “se le impidió continuar ejerciendo la función de presidente municipal y se le consignó ante un juez penal” aun cuando “constitucionalmente gozaba de fuero y continuaba ejerciendo la función de presidente municipal”.
Por ello consideró que “se habían violentado los preceptos constitucionales en los actos de remoción y detención” del ex edil, y pidió una investigación a los policías Felipe Saidén Ojeda y Jaime Estrella Olivares, quienes ordenaron su encarcelamiento.