Sin comprobar, casi $10 millones durante gestión de Bortolini en Coyoacán: CMH
La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aseguró que hasta el momento la delegación Coyoacán no ha logrado comprobar fehacientemente cerca de 10 millones de pesos que fueron utilizados durante la gestión de Miguel Bortolini Castillo para apuntalar programas sociales.
En un documento oficial entregado ayer por este órgano de fiscalización a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ALDF, se precisa que existen varias anomalías en la forma en cómo se erogaron, durante 2005, un total de 9 millones 885 mil pesos.
Precisa la CMH que, por ejemplo, en el año en mención se ejercieron 2 millones 283 mil pesos para la aplicación del programa de Becas de Apoyo Escolar a Niños y Niñas en Riesgo; sin embargo, esto se realizó sin la autorización que por ley debió realizar el entonces jefe delegacional.
De igual manera, indica el texto de 30 cuartillas, se utilizaron 4 millones 242 mil pesos para el pago de “instructores y talleristas”; sin embargo, “la delegación no contó con los contratos de honorarios u honorarios asimilados a salarios correspondientes a las cuentas por liquidar certificadas revisadas”.
Otro millón 35 mil pesos –afirma la Contaduría– se destinaron para la restauración de la torre de la parroquia de San Juan Bautista, pero “no se proporcionó a la CMH la evidencia documental que comprobara esos trabajos”.
Los detalles de las anomalías presentadas por el órgano fiscalizador responden a una serie de cuestionamientos formulados –en días recientes– por el diputado Sergio Miguel Cedillo, secretario de la Comisión de Vigilancia.
En ellas, la Contaduría Mayor de Hacienda agrega que en la gestión de Miguel Bortolini Castillo se adquirieron 300 playeras, pero durante la auditoría practicada “nunca se encontró evidencia documental de la entrega de las playeras a los beneficiarios”.
Situaciones similares se presentaron con los recursos canalizados al programa de Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados, así como la adquisición de alimentos para los Centros de Desarrollo Infantil, donde se detectó desapego a las normas que rigen en materia presupuestal.