La propuesta prevé crear centros de atención telefónica en estados y municipios
Presentan a diputados proyecto para difundir el destino de recursos del erario
Integrantes de los diversos institutos de transparencia presentarán esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto que busca promover la difusión del destino de los recursos del erario que se distribuyen a los estados, así como para homogeneizar la información que se difunde en los portales dedicados a este tema a nivel federal, estatal y municipal.
El proyecto incluye la creación de centros de atención telefónica en estados y municipios –ya existen a nivel federal– para que la ciudadanía pueda solicitar a los tres niveles de gobierno información por línea, sin necesidad de acudir a las oficinas públicas o ingresar a Internet, adelantó en entrevista el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (IAIPDF), Oscar M. Guerra Ford.
El documento que presentarán los comisionados, indicó, ya se ha comentado de manera previa con diputados de PRI, PRD y PAN, quienes están de acuerdo en el proyecto, el cual requiere un monto inicial de 100 millones de pesos.
Sistemas electrónicos en todo el país para captar la información pública
Esa cantidad, dijo Guerra, se invertirá en el establecimiento de sistemas electrónicos para dar trámite a solicitudes de información en todo el país, pues aún existen entidades que carecen de aquél y por ende la ciudadanía debe acudir personalmente a las diversas oficinas gubernamentales para hacer la petición; también se aplicará en la difusión de las nuevas leyes de transparencia que en unos meses se aprueben, y en la instalación de páginas web en municipios de más de 70 mil habitantes.
“Sugeriremos que los recursos se entreguen a través del ramo 33 (que es auditable), para evitar que se vaya a gasto corriente, al sueldo de los comisionados o a otros fines, y se distribuyan mediante una fórmula que considere la población y extensión territorial de estados y municipios, pues queremos llevar el acceso a la información a poblaciones muy alejadas.”
Guerra agregó que para abonar a la transparencia del destino de los recursos federales es necesario que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP) y las de finanzas de los 32 estados avancen en la homologación de la metodología de las cuentas públicas.
“Sería importante que la Secretaría de Hacienda incluya en la coordinación de funcionarios fiscales –instancia que encabeza la SHCP y agrupa a los secretarios de finanzas del país– a la Función Pública y algunos órganos garantes en transparencia y acceso a la información, con el objeto de asegurar que esas cuentas públicas, aparte de que sean homogéneas, reflejen toda la información que se requiere a nivel fiscal y de gastos”.
Por su lado, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), María Marván, comentó que en el código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de las leyes de transparencia y acceso a la información en México, que sociedad civil, académicos, juristas, comisionados de transparencia y otros sectores presentarán al Congreso de la Unión para homologar las leyes en la materia de los tres niveles de gobierno, seplantea dar homogeneidad a los órganos de transparencia en términos de sus facultades, para que sean la última instancia en dictaminar si la información es pública o puede reservarse por algún tiempo. Inclusive se sugiere que se establezcan los mismos periodos de reserva, pues hay entidades en las que se clasifica la información por 18 años.
Entre las propuestas más relevantes ya consensuadas por esos sectores, incluso por legisladores federales y locales de las diversas fuerzas políticas, mencionó la homologación a 10 días para la entrega de la información, pues a la fecha varía en cada entidad y a nivel federal (que es de 20 días); no requerir identificación a los ciudadanos que piden información oficial a los tres niveles de gobierno, ni demostrar interés jurídico; simplificar los procedimientos y recursos de revisión, los cuales se presentan cuando los gobiernos niegan la información o la clasifican.
La comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información destacó que un punto sobresaliente que han sugerido también es el orden de los archivos y la gestión electrónica de documentos para disminuir de forma sustancial las declaraciones de “inexistencia” de la información oficial.