Usted está aquí: miércoles 19 de septiembre de 2007 Política Transparentar partidos, consenso en todo el país

Deben rendir cuentas a todos los mexicanos, no sólo al IFE

Transparentar partidos, consenso en todo el país

Diversos actores presentarán código de buenas prácticas

Elizabeth Velasco C.

Académicos, juristas, organizaciones sociales de todo el país, comisionados de los institutos de transparencia pública e incluso legisladores locales y federales han llegado al consenso de que es necesario “transparentar” los partidos como entidades de interés público, para que rindan cuentas no sólo al Instituto Federal Electoral (IFE), sino a todos los mexicanos sobre el uso y destino de los recursos que reciben de la ciudadanía para desarrollar sus actividades.

Esa propuesta, así como la obligación de los gobiernos federal y estatales de informar sobre los recursos del erario que otorgan a sindicatos y otras organizaciones, incluso mecanismos para documentar toda decisión que el presidente de la República y los gobernadores tomen en el ámbito de su competencia, integran la agenda del denominado Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia en México, que en un mes presentarán diversos actores al Congreso de la Unión y a los 32 locales.

Dicho documento será el mecanismo para realizar las modificaciones a las leyes de transparencia que derivan de la reforma al artículo sexto de la Constitución, para lo cual a la fecha se tiene un lapso de 10 meses.

En sesión de trabajo, donde se perfilaron los contenidos del código, también se habló de la obligación de documentar las decisiones del Ejecutivo federal y los gobernadores para acabar con la evasión de entrega de información pública mediante la declaración de inexistencia, a la que cada vez se recurre más.

La asociación Participación Ciudadana se pronunció por que estados y municipios que omitan informar a la Secretaría de Desarrollo Social sobre el uso de los recursos que les entrega la Federación mediante la partida 33 y 39 (combate a la pobreza, desarrollo de infraestructura social y otros) sean sancionados, situación que ya ocurre en algunas entidades.

En entrevista, la comisionada del IFAI, María Marván, y el secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, dieron pormenores de los avances en la integración del código, el cual –dijeron– es un instrumento para orientar la discusión de los legisladores del país; una vez concluido –en un mes– se entregará a los congresos locales y de la Unión para avanzar en las reformas correspondientes.

Marván destacó que de las principales propuestas de reforma sobresale la de facilitar el acceso de la ciudadanía, vía Internet, a las peticiones de información, sin que se muestre identificación ni se demuestre interés jurídico, como aún ocurre en algunas entidades.

 
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