Argumenta que la juez no tomó en cuenta el daño económico que se causará a CFE
Impugnará la PGR fallo contra La Parota
La Procuraduría General de la República (PGR) está en desacuerdo con la resolución que emitió la semana pasada una juez federal, que suspendió indefinidamente la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Fuentes cercanas al caso informaron que el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado octavo de distrito con sede en Acapulco, Guerrero, interpondrá esta semana un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado de esa entidad el que determine en definitiva si se confirma o se revoca la suspensión de las obras del embalse, considerado uno de los proyectos de inversión más importantes del sexenio foxista.
La inconformidad de la PGR radica en que la juez Livia Larumbe Radilla no reparó en el daño patrimonial que se le ocasionará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como tercera perjudicada en el juicio de amparo que se inició a petición de varios pobladores de la región afectada.
Según el Ministerio Público, la suspensión de las obras provocará un daño económico de grandes proporciones al gobierno federal.
Una vez que la PGR impugne ante un tribunal superior el fallo de la juez Larumbe, titular del juzgado octavo de distrito con sede en Acapulco, el expediente “incidental” del juicio de garantías 879/2007 será turnado a un tribunal colegiado integrado por tres magistrados federales.
El pasado miércoles la juez Larumbe concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la CFE que de inmediato detenga la construcción de la presa.
La resolución ordenó a la paraestatal “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.
Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, ha provocado fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 mil 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.
Para que la suspensión definitiva surta efectos, la juez ordenó a los campesinos presentar un depósito por 100 mil pesos para garantizar los posibles daños a la CFE, aunque ahora la PGR considera insuficiente el monto de esa garantía.
Bloquean construcción de la presa Picachos en Sinaloa
Al menos 200 campesinos de seis comunidades de los municipios de Mazatlán y Concordia mantienen bloqueada la construcción de la presa Picachos desde hace seis días, para exigir la reubicación de la obra y el pago por las propiedades sobre las cuales se construirá la cortina del embalse, que forma parte del proyecto Baluarte Presidio. Los agricultores, en voz de su representante, Francisco Enciso Sánchez, advirtieron que continuarán su movilización hasta obtener una negociación justa.
Los comuneros impiden el acceso a los trabajadores que construían la presa, en la cual se planea invertir 2 mil millones de pesos.
Se espera que la obra sirva para regar 22 mil hectáreas en beneficio de 3 mil 700 productores, garantizar el suministro de agua potable a Mazatlán durante los próximos 25 años y proteger a unos 19 mil 300 habitantes contra avenidas extraordinarias de ríos.
Enciso Sánchez aseguró que autoridades encabezadas por el ex alcalde Alejandro Higuera Osuna (candidato a diputado local por el distrito 19, que se disputará en las elecciones del 14 de octubre) engañaron a los agricultores y los hicieron firmar actas de reunión, que después fueron presentadas como de asamblea y para “probar” que aceptaron vender sus terrenos.
Las actividades está paralizadas. Entre los manifestantes figuran habitantes de los pueblos de San Marcos, La Puerta y Placer, pertenecientes a Mazatlán, así como de las comunidades Casas Viejas, Iguanas y Copales, de Concordia.
Los inconformes, quienes colocaron carpas para guarecerse, advirtieron que no temen que se cumplan las amenazas del gobierno estatal acerca de que el Ejército Mexicano podría ocupar las instalaciones para resguardarlas y evitar daños al equipo, como resultado de una denuncia que interpusieron representantes del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa ante el Ministerio Público del fuero común por el bloqueo a la Presa Picachos.
Mujeres y niños acompañan a los campesinos, quienes aclararon que no se oponen a dejar sus casas y vender las propiedades que serán afectadas por la presa; lo único que piden es que se les pague una cantidad justa, no “limosnas”, dijo Enciso Sánchez.
Adelantó que sus compañeros no acudirán a una reunión con el director de Gobierno estatal, Joel Hernández Niño, y expuso que sus seguidores quieren una entrevista con el gobernador Jesús Aguilar Padilla para poner fin a la movilización.
Además solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que acuda a ver las condiciones en que se encuentran, y rechazó las amenazas de desalojo militar.