Posible aún, echar atrás reformas, dicen empresarios
Para el sector privado la reforma electoral aún no es un hecho consumado, pues las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo todavía deben pasar por los congresos locales y es ahí donde, según dijeron, van a ejercer “presión” para hacer valer su legítimo derecho a la libertad de expresión.
Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que los empresarios llegarán hasta las últimas consecuencias para dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales, pues éstas de ninguna manera contribuyen al desarrollo democrático del país.
“El consenso entre los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es que hagamos toda la presión posible sobre los legisladores locales, ya que por tratarse de una reforma constitucional debe contar también con la aprobación de los congresos estatales”, señaló el representante del sindicato patronal.
En ese contexto, González Sada reprobó el trabajo de los legisladores federales, y señaló que al final votaron una serie de reformas que no satisfacen las necesidades de expresión tanto del sector empresarial como de la sociedad en su conjunto.
“Lo que sí estamos viendo es la instalación de un sistema en el que no existe la rendición de cuentas (por parte de los partidos políticos), y no se toma en cuenta el tema de la relección. No hay disminución en el gasto, como se pretende hacer ver, ya que aunque prohíben la contratación de espots, los institutos políticos por su parte no reducen la cantidad de recursos que reciben de manera proporcional. Eso sí es un claro atentado en contra de la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral”, subrayó.
Entrevistado después de la reunión mensual de la comisión ejecutiva del CCE, el presidente de la máxima cúpula empresarial, Armando Paredes Arroyo Loza, aseveró que la libertad de expresión es un tema que los empresarios defenderán hasta el final, ya que se trata de una de las libertades consagradas en la Constitución.
Rechazó que durante la contienda de 2006 los espots en los que “dimos a conocer las tesis del sector empresarial y nuestras ideas sobre cómo debe ser conducido el país” hayan influido en el resultado de las elecciones presidenciales, por eso, dijo, seguirán presionando para que en el futuro puedan seguir planteando sus posiciones en los medios de comunicación.
El representante del consejo empresarial, organización que gastó 156 millones de pesos en una campaña mediática durante los comicios de 2006 y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó como uno de los factores que influyeron en el proceso electoral de entonces, aclaró que de ninguna manera el dinero ha definido el rumbo de la democracia.
Señaló que uno de los puntos positivos en la reforma actual es la disminución en los gastos de campaña de los partidos políticos.