Crece 50% al año el número de solicitudes en que se declara inexistencia de datos
La ley de transparencia no garantiza acceso a la información: comisionado
El derecho constitucional de acceso a la información no está garantizado por la Ley Federal de Transparencia (LFT), porque legaliza la declaración de “inexistencia” de datos gubernamentales pese a que las cerca de 240 entidades públicas tienen por ley la obligación de poseerla, advirtió el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) Juan Pablo Guerrero.
En el seminario Congreso, justicia y autonomía: los retos de la transparencia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guerrero indicó: “el número de inexistencias ha aumentado significativamente desde la emisión de la LFT”, pues de 551 respuestas en ese sentido, declaradas por la burocracia en 2003, primer año de actividades del IFAI, a la fecha suman 10 mil.
Eso, dijo, pese a que hay subregistro, pues en diversas ocasiones las autoridades dicen entregar la información y lo que proporcionan son oficios en los cuales declaran no tener los datos. “Esa tendencia crece año tras año a tasas superiores a 50 por ciento. En lo que va de 2007 ya asciende a 31 por ciento”.
Por ese motivo las causas de queja ante el IFAI se dispararon también 100 por ciento de 2004 a 2005, y 70 por ciento en estos nueve meses del año.
Entre los casos más relevantes que han sido resueltos por el IFAI, en los que revoca y ordena la búsqueda exhaustiva de la información, recordó: el de Felipe Calderón, quien sin prueba documental alguna –según la Presidencia– declaró que la muerte de la indígena Ernestina Ascensión fue por gastritis; los datos que se llevó el ex presidente Vicente Fox al término de su gestión, sobre los cuales ha dicho que “tiene millones, pero la Presidencia no tiene registro”; la inexistencia de documentos sobre la entrega de 200 millones de pesos por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Consejo Coordinador Empresarial para organizar la Expo Aichi, sobre los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también dijo que no tenía registro.
Por tanto, abundó, ante “la reforma obligatoria que se prevé en los próximos meses a la Ley Federal de Transparencia (tras la reforma al artículo sexto constitucional), es insoslayable abordar ese tema”. Entre otros puntos, propuso resolverlo cambiando la definición de información, que según la LFT existe sólo a partir de documentos oficiales, y para el caso, enfatizó, debe exigirse a las autoridades que expliquen la inexistencia.
Por su parte, el consejero del Distrito Federal Jaime Cárdenas se manifestó en favor de la difusión de las sesiones del Consejo de la Judicatura Federal, pues en ellas se debaten asuntos de interés público, como la emisión de licitaciones, presupuestos, asignaciones de salarios, etcétera. Lamentó que a la fecha permanezcan en la opacidad los partidos políticos, los sindicatos, los organismos empresariales y otros poderes fácticos.
Se pronunció también por eliminar la reserva en procedimientos de responsabilidades administrativas, por estar implicados recursos y funcionarios públicos.
Por su lado, la diputada de Convergencia Layda Sansores anunció que en estos días la bancada de su partido presentará una iniciativa de ley para crear un órgano autónomo de información en la Cámara de Diputados, similar al IFAI, para que el Poder Legislativo deje de ser juez y parte en lo relativo a la apertura de la información.