Insuficientes, esfuerzos y normativas para evitar ese tipo de agresiones, sostiene Adivac

Desdeñan en México problema de violencia sexual contra mujeres

No ha cambiado la actitud hacia las víctimas por parte de los encargados de procurar justicia, afirma la ONG

El fenómeno, educativo, pues es un ejercicio de poder contra las féminas, dice

Emir Olivares Alonso

El problema de la violencia sexual contra la mujer en México se ha desestimado, pues pese a los esfuerzos y normativas para evitar ese tipo de agresiones de género, las cifras demuestran que en el país por cada cinco mujeres, cuatro sufren algún tipo de acción en su contra y en tres casos es sexual, aseguró Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para la Atención Integral de Personas Violadas (Adivac).

La especialista subrayó que este tipo de delito se diferencia de otros “porque la agresión sexual es un ataque a la intimidad, y no a algún elemento material”, por lo que las terapias para atender a quienes han sido víctimas de éste deben basarse en desvincular a la sexualidad de la agresión.

Indicó que Adivac –con 17 años ayudando sicológica y jurídicamente a quienes sufren estos delitos– atiende a la semana en promedio a 500 personas –la mayoría mujeres– víctimas de violación tan sólo en el área metropolitana, y subrayó que no es que el problema se haya incrementado, sino que debido a que se denuncia más se están formando los nuevos cuadros a dar apoyo. Sin embargo, dijo, la mujer aún tiene miedo de hacer público que fue víctima de violencia sexual, sobre todo por la impunidad de los encargados de la procuración de justicia al no investigarlos.

“En 17 años de experiencia, no hemos visto que las personas encargadas de ejecutar y aplicar la justicia tengan una actitud y atención más humana hacia las víctimas y de respeto a sus derechos humanos. Falta sensibilización en estos funcionarios, ven a las mujeres como número, y no se vinculan los diferentes cuadros para su atención”, refirió Martínez Rodríguez, también representante de México ante la OEA.

Un estudio realizado por Adivac el año pasado señala que los funcionarios oficiales encargados de vigilar la no discriminación hacia la mujer no conocen las leyes internacionales para evitar la violencia contra el sector.

Uno de los datos que arrojó la investigación que la agrupación civil aplicó en ocho estados del país –Distrito Federal, Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, México, Querétaro y Tamaulipas– es que el nivel de conocimiento de la normativa internacional en ese tema es casi nulo por parte de los burócratas. Mientras en Nuevo León y en la capital del país sólo 90 y 70 por ciento, respectivamente, de los empleados gubernamentales conocen los tratados internacionales, en Oaxaca, Querétaro y Yucatán la cifra es de 20 por ciento.

Para la representante internacional estas cifras reflejan que el problema de la violencia de género, en particular la sexual, es un fenómeno ligado a la educación, pues “es un ejercicio de poder contra la mujer”.

Por ello, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la unión a no sólo desarrollar leyes generales, sino a aplicar acciones desde la base de la sociedad.

Como primer punto, señaló que la Secretaría de Educación Pública está obligada a incorporar en sus programas educativos, “desde preprimaria y hasta los posgrados y doctorados”, el manejo de la sexualidad con perspectiva de género y difundir una educación con equidad.

Asimismo, difundir el conflicto de la violencia sexual para promover la cultura de la denuncia, debido a que consideró que las recientes campañas emprendidas por el Instituto Nacional de las Mujeres “no funcionan pues en ellas aparecen mujeres profesionales, y en muchos casos la violencia es contra indígenas y mujeres humildes, por lo que no están representadas en esos anuncios”.

También urgió a “cambiar la mentalidad de las instituciones, pues la violencia se presenta desde ahí”, por lo que debe existir una capacitación constante de funcionarios públicos y tender puentes entre las diferentes dependencias que atiendan el problema para que no sólo sea un agente del Ministerio Público y un médico legista el que atienda a la víctima, sino que se le remita con sicólogos y, de ser necesario, se haga válido su derecho a abortar, además de que los casos tienen que tener un seguimiento.

Para la especialista, el que sólo se presenten cifras no solucionará el problema, debido a que no existe un análisis de estos indicadores, para, “por ejemplo, dividir los tipos de agresión sexual o quienes agraden”.