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Impuesto a gasolinas: paternidad a disgusto
Calderón, autor de la canallada
Les valen sorbete los consumidores
Familia Sojo, gasolinera como la Mouriño
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Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México
Foto: Francisco Olvera
Que a muchos panistas de plano no les resultó nada atractivo eso de la paternidad responsable en materia fiscal, y mucho menos servir de tapadera al verdadero autor de la canallada (el inquilino de Los Pinos y sus neocientíficos), ni pagar los platos rotos, pero no precisamente por el daño económico que causarán a los mexicanos.
Apenas 48 horas atrás, luego de varias semanas de criatura sin padre, los diputados blanquiazules presentaron una iniciativa de “reforma”, por medio de la cual proponen un “impuesto especial” de 5.5 por ciento (un poco mayor a la que circuló días antes) que se clavaría a los precios finales (léase al consumidor) de gasolinas, diesel y gas automotriz, con el fin, decían, de “destrabar” la “reforma” fiscal, y se declaraban prestos para asumir el costo político de tan brutal puñalada.
Eso decían los cabecillas blanquiazules en San Lázaro, hasta que se les rebeló parte de la tribu, pero no vaya a creerse que los diputados panistas reclamaron por el daño económico que tal “impuesto especial” provocaría en los consumidores de dichos combustibles ni por los aumentos en cascada de precios y tarifas que irremediablemente provocará ese aumento de 5.5 por ciento en los energéticos, ni por la pérdida de poder adquisitivo, ni por la inflación adicional, ni nada por el estilo, sino, simple y sencillamente, por el costo político que pagarán esos legisladores “en los estados donde tenemos presencia y de donde somos originarios, pero sobre todo en las entidades de la República donde hay elecciones”. Así, los descarados “rebeldes” blanquiazules sólo temen el previsible efecto electoral; lo demás es lo de menos.
Y en la bancada priísta no cantan mal los tangos. El mismo día en que los panistas en San Lázaro asumieron la paternidad del “impuesto especial” a gasolinas, diesel y gas automotriz, los tricolores, en voz de su coordinador Emilio Gamboa, aceptaban la propuesta y anunciaban que la votarían a favor, siempre en el entendido que serían los blanquiazules los que pagarían el tan temido costo político de decisiones “dolorosas, pero necesarias”.
Pues resulta que tampoco, porque el rebaño se salió del redil. “A unas horas de presentarse la iniciativa (el multicitado gravamen “especial”), el descontento también se dejó sentir en medio centenar de representantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes demandaron congruencia a los panistas para, en conjunto con la bancada del Partido de la Revolución Democrática, sumar fuerzas y enterrar el impuesto a gasolinas y diesel” (La Jornada).
Lamentablemente, la “rebelión” de las tribus panista y priísta en San Lázaro de no mucho servirá. El “impuesto especial” a gasolinas, diesel y gas automotriz está cocinado, por mucho que a blanquiazules y tricolores les fascine aventarse la pelota y a Los Pinos lavarse las manos. De cualquier suerte lo aprobarán, lo mismo que la reducción de la CETU (casualmente en una proporción similar a la de 5.5 por ciento de aumento a energéticos), de tal suerte que el “sacrificio” recaerá sobre los de siempre, mientras el gran capital fortalece su gusto por la evasión y elusión, y el raquitismo fiscal se aproxima a niveles verdaderamente peligrosos.
Y para “atenuar” el efecto del “impuesto especial”, como reacción, surgen voces (como la del diputado prianista Jorge Estefan Chidiac, el mismo que anunció, a finales de agosto pasado, el aumento al precio final de los energéticos) que sugieren la reducción de las tarifas eléctricas “en al menos” 30 por ciento, perooooo… sólo al sector industrial.
En el mismo tenor se han pronunciado distintos gobernadores. Quieren los recursos adicionales que, se supone, recibirán por el “impuesto especial” a los combustibles, ya echan números de cuánto tocaría a cada uno, hacen planes de hacia dónde los destinarían, etcétera, etcétera, pero exigen que a nadie se le ocurra convertirlo en gravamen estatal. Por el contrario, que sea la Hacienda federal la recaudadora, para que ellos evadan el obligado costo político de la decisión. Lo que suceda con los consumidores, las consecuencias inflacionarias que provoque, la pérdida de poder adquisitivo que ocasione y demás efectos por la onda expansiva les vale un sorbete.
Aunque resulta obvio el efecto que provocará el “impuesto especial”, el Banco de México, tardíamente, brinca a la palestra para advertir que la propuesta panista, avalada por los priístas e “inventada” por Felipe Calderón y su gabinete de neocientíficos, le pegará al índice inflacionario. Guillermo Ortiz, su gobernador, señaló: “A mí me preocupan los impactos indirectos, porque esto puede afectar de manera negativa las percepciones inflacionarias hacia delante, puede contaminar la formación de precios, las presiones salariales, el transporte público; los efectos indirectos pueden ser nocivos en la medida que afecte las expectativas inflacionarias”, lo que podría alterar la “salud” macroeconómica.
Pero del golpe a consumidores y mexicanos en su conjunto, ni pío.
Las rebanadas del pastel
Será envidia, pero el secretario de Economía, Eduardo Sojo, quiere seguir los pasos de Juan Camilo Mouriño (el consen de Calderón) en su negocio (entre muchos otros) de las gasolineras (Grupo Energético del Sureste). Resulta que Petróleos Mexicanos está obligado a entregar sus balances financieros a la Comisión de Bolsa y Valores estadunidense (la SEC), y en el más reciente informa que esposa, suegro y cuñado de Sojo son propietarios (18, 58 y 24 por ciento de las acciones, respectivamente) de la empresa Servicio Grupsa, en León, Guanajuato, lo que sería lo de menos. Lo de más, que desde 2003 (cuando el ahora secretario de Economía e integrante del consejo de administración de Pemex despachaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República para las Políticas Públicas y coordinador del Gabinete Económico) son felices usufructuarios de una gasolinera (la E07163), otorgada mediante franquicia de Pemex-Refinación. Eso sí, asegura el informe, se concedió en los mismos términos y condiciones que a cualquier hijo de vecina. El documento íntegro (304 páginas) se puede consultar en: http://www.sec.gov/Archives/ edgar/ data/932782/000095012307009529/y36482e20vf.htm