Los magistrados fueron suspendidos por el Congreso
Impide la policía boliviana a 4 jueces ingresar a sus despachos
La Paz, 4 de septiembre. La policía boliviana impidió este martes que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ingresaran a sus despachos, siguiendo instrucciones al respecto del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
Los cuatro miembros del órgano judicial fueron acusados de prevaricación por el gobierno del presidente Evo Morales, y la mayoría oficialista en la Cámara baja decidió suspenderlos por estos señalamientos.
El Senado, en que la oposición tiene mayoría, analizaba esta tarde si ratificaría la decisión de la Cámara de Diputados y sometía a juicio a los magistrados.
La situación, además, se torna complicada ya que el quinto juez de dicha magistratura está fuera del país, por lo que, según la diputada opositora Lourdes Miralles, “este día no tenemos tribunal”.
La acusación de Morales vino después de que estos cuatro magistrados emitieron un fallo que declaró vacantes los cargos de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia designados por el presidente aparentemente sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución.
En respuesta a la acción del mandatario, la secretaría general del Tribunal Constitucional envió una carta a la Corte Suprema en que denunció la “ilegal intervención que denota el afán de injerencia en asuntos del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo”.
En las calles de La Paz, mientras tanto, seguía la pugna entre productores y comercializadores de hoja de coca, que ayer colapsó la sede del gobierno y las principales calles del centro de la ciudad.
Los vendedores de coca exigen la renuncia del viceministro de la Coca, Jerónimo Meneses, por negarse a revalidar permisos de comercialización, mientras que los productores cocaleros de la región de Los Yungas respaldan a los funcionarios.
En otro orden, la fiscalía general de Bolivia solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia que comience el trámite de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos de sus ex ministros, exiliados en Estados Unidos.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos impusieron una acusación en contra del ex mandatario por los delitos de genocidio y peculado, presuntamente cometidos durante su administración de sólo un año en 2002, en particular durante las revueltas de octubre de 2003, en las que murieron 60 personas.