Es considerado posible responsable de peculado, afirman fuentes gubernamentales
Indaga la PGR a Bernardo Muñoz, ex director de recursos humanos de la SG
La averiguación deriva de una probable irregularidad en la adquisición de edificio
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Bernardo Muñoz Reynau –quien fue director general de recursos humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) durante la gestión de Santiago Creel Miranda– por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado cercano a 6 millones de pesos, revelaron fuentes gubernamentales.
La indagatoria está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que encabeza Felipe de Jesús Muñoz.
La averiguación previa derivó de una supuesta irregularidad detectada recientemente por la Secretaría de la Función Pública en la adquisición de un edificio que ahora alberga la dirección general de recursos humanos de la SG, operación que estuvo a cargo de Muños Reynau durante la época en que Francisco Suárez Warden fue oficial mayor de esa dependencia.
De acuerdo con la información proporcionada a La Jornada, el Ministerio Público Federal busca acreditar que Bernardo Muñoz desvió casi 6 millones de pesos para la adjudicación directa (es decir, hubo una licitación irregular) de la compra de un edificio que se ubica en Río Amazonas 91, delegación Cuauhtémoc.
Hasta el momento, indicaron los informantes, la PGR se encuentra en la etapa de acumulación de pruebas y realización de peritajes encaminados a determinar si se ejercita acción penal contra el indiciado.
Las pesquisas incluyen el estudio de la evolución patrimonial y el análisis de las propiedades que Muñoz Reynau adquirió durante los años que se ha desempeñado como servidor público, en los sexenios foxista y de Felipe Calderón.
Por ejemplo, la autoridad ministerial investiga si es legal la compra de un departamento hecha por Bernardo Muñoz entre 2005 y 2006, el cual se ubica en Bosques de las Lomas, con valor comercial que superaría 300 mil dólares.
En un caso similar, la PGR pidió en mayo de 2004 la aprehensión del ex oficial mayor Suárez Warden por presuntas irregularidades y omisiones derivadas de la compra de 393 vehículos durante el anterior gobierno.
En respuesta, un juez federal de la ciudad de México ordenó la aprehensión de Suárez Warden porque habría causado un daño al erario por 19.5 millones de pesos, aunque el funcionario logró salir bien librado del cargo penal y fue absuelto administrativa y judicialmente.
Actualmente, Muñoz Reynau –militante panista y abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho– se desempeña de jefe de la Unidad de Organización y Calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, cargo en el que otra vez es subalterno de Suárez Warden.
Las fuentes consultadas no indicaron si el servidor público ya fue citado a declarar a las instalaciones de la unidad de la PGR encargada del asunto.
Cuando estuvo a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de Gobernación, Bernardo Muñoz tenía atribuciones para disponer de dinero público.
En la página de Internet de Gobernación se especifica que Muñoz Reynau podía “proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y normatividad en materia de administración y desarrollo de personal; participar en la formulación del Programa Operativo Anual, del anteproyecto de presupuesto anual y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el capítulo de servicios personales”.
Además tenía facultades para “definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materias de reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, evaluación, remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación, actualización y movimientos del personal, así como de medios y formas de identificación de los servidores públicos de la secretaría”.
También tenía autoridad “para expedir los nombramientos de los servidores públicos de la secretaría, previo acuerdo con el oficial mayor, así como resolver sobre los movimientos de personal y los casos de terminación de los efectos del nombramiento que hubiere ordenado el secretario y acordado el oficial mayor”.