Usted está aquí: martes 28 de agosto de 2007 Política Manejo opaco de donaciones de Pemex a estados petroleros

Entidades receptoras no explican el uso de casi $10 mil millones: estudio de ONG

Manejo opaco de donaciones de Pemex a estados petroleros

Elizabeth Velasco C.

A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha distribuido en la última década 9 mil 527 millones 900 mil pesos en donaciones y donativos a entidades federativas con actividad petrolera, no existen mecanismos para exigir a esos estados que informen exhaustivamente sobre el destino final de esos recursos, advierte en un análisis la agrupación social Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En el estudio La Ley de Acceso a la Información Pública como una herramienta para la contraloría social: el caso de Pemex, copia del cual posee La Jornada, se destaca que Tabasco y Campeche son los dos estados que en conjunto han recibido 43 por ciento del total de esos recursos, y de ellos Tabasco es el que mayor monto ha obtenido (2 mil 126 millones 138 mil 330 pesos) de 1995 a 2006.

Según Fundar –cuya investigación se basó en la solicitud de documentos oficiales a Pemex, bajo el amparo de la Ley Federal de Transparencia–, hay “varios indicios que apuntan a usos ineficientes y posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos”.

Aún más: el propósito para la entrega de esos recursos no cumple con su objetivo de promover una estrategia de desarrollo social en los municipios más pobres o afectados por la actividad petrolera, sino al contrario.

En el caso de Tabasco se ha comprobado que entre 1998 y 2006, 97 por ciento del total de donativos (inmuebles) y 69 por ciento de los recursos económicos beneficiaron al gobierno estatal, el cual ha gastado el dinero con “amplia discrecionalidad y sin haber comprobado el destino del gasto”.

Sobre las irregularidades se indica: “Dos informes de auditorías internas efectuadas por el Organo Interno de Control de Pemex a los donativos y donaciones otorgados a Tabasco en 2000 y 2002 señalan usos ineficientes e irregulares en el pago de salarios con los remanentes de recursos etiquetados para los programas sociales”.

Además, la Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente y Desarrollo Social, instancia de Tabasco encargada de administrar los recursos otorgados por Pemex, carece de mecanismos para fiscalizar los recursos.

En la investigación, a cargo de Kristina Pirker, subdirectora de Fundar (agrupación en cuya junta directiva participa el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero, y otros especialistas en el tema, como Jonathan A. Fox.), se advierte también que el financiamiento en esa entidad del Programa Especial de Vivienda Rural en 2005 y 2006, con 260 millones de pesos, no correspondió a una estrategia de desarrollo social.

Por el contrario, se hicieron “arreglos entre políticos locales, líderes sociales y diputados federales, incluyendo a la empresa para resolver las reclamaciones de comunidades locales”.

Respecto del programa de desarrollo social de Pemex, se destaca la prioridad otorgada a los gobiernos estatales en perjuicio de los municipios. Según información de la propia paraestatal, en 2006 el 91.7 por ciento de los recursos entregados en efectivo se concentró en 10 donativos a gobiernos estatales que sumaron 920 millones de pesos, de los cuales 470 millones fueron autorizados para el gobierno de Tabasco. De esos recursos, los municipios recibieron sólo 7.5 por ciento, los centros de investigación 0.4 por ciento y las centros sociales 0.2 por ciento.

Por otra parte, “el criterio de marginación es ignorado al momento de autorizar los recursos, aun cuando debieran estar dedicados al desarrollo social”. De tal suerte que en la asignación de los fondos se considera “prioritarios” a los municipios de marginación baja y muy baja en perjuicio de los de muy alta marginación, por citar algunos ejemplos.

Ante ello, Fundar propone la creación de un comité técnico independiente dentro de Pemex, el Congreso o en la Auditoría Superior de la Federación para que “acompañe, avale y evalúe los procedimientos para otorgar y supervisar los recursos del erario federal”, cuya opacidad, por cierto, también ha sido cuestionada por la ASF.

 
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