Una lucha medio dispareja
¿Ustedes se pueden imaginar las dificultades que supone, en una pelea de box, que uno de los contendientes se tenga que pelear, al mismo tiempo, con su contrario y con el árbitro?
Esta curiosa situación se puede producir y se produce en el mundo de los conflictos laborales, cuando el señor Estado se interesa más por la situación de las empresas, sobre todo mineras, que por la santa salud de los trabajadores, a los que se les ha hecho todo tipo de diabluras, no obstante tener toda la razón del mundo.
Por supuesto que me refiero al conflicto, vigente y sonoro, que enfrenta el sindicato minero y que se tramita en muchos frentes, pero de manera particular ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), organismo supuestamente autónomo pero que depende en todo de la querida Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La historia, que no es tan vieja, tiene capítulos muy interesantes. El primero y más notorio se produjo cuando un buen día del año anterior, un tal Elías Morales, usando un documento notablemente falsificado, logró que en menos de tres horas la STPS desconociera a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero y le otorgara al Morales de cuenta tanto su toma de nota como secretario general, como el desconocimiento del comité ejecutivo.
El procedimiento no fue tan claro. El comité de vigilancia supuestamente tomó la decisión. Pero lo formaban tres miembros. Uno de ellos no asistió. A otro le falsificaron la firma. Con la del tercero, que la secretaría dio por buena, a pesar de que obraban en su poder constancias de que no había sido firmada, se consumó el fraude. Un juez de Distrito se hizo el tonto y rechazó la demanda de amparo y fue un Tribunal Colegiado el que puso las cosas en orden.
Después ha habido de todo. Huelgas inexistentes por decisión de la JFCA que los juzgados de distrito han considerado existentes, aunque dos de ellos, con gran sentido del humor, hayan declarado que los huelguistas podían volver a trabajar, lo que demuestra una notable ignorancia de lo que es el derecho de huelga. Afortunadamente los huelguistas lo han pensado de otro modo.
En realidad, entre la STPS y la JFCA se ha producido –y no es extraño– una especie de solidaridad con las empresas mineras, pasando por alto los problemas de Pasta de Conchos, los muertos más recientes y la razón sobrada de los argumentos del sindicato.
Entre tanto, arriba del ring, el tercero en discordia tiene que repartir bofetadas entre su contrario natural y el otro, disfrazado de árbitro, que se ofende con notable facilidad y que, para buscar una solución, se niega a atender la petición de que acabe la represión en contra del manager del famoso tercero, porque considera que ese es un problema ajeno y que solicitar ese trámite es incurrir en “chantaje”, lo que no deja de ser medio chistoso.
Es evidente que en esa que parece lucha libre, el señor árbitro se puede llevar a su vez algunos trancacillos, que ponen en evidencia su parcialidad. Pero afortunadamente nuestro sistema boxístico admite que sus decisiones sean revisadas, no siempre de la mejor manera, pero de todas maneras esa forma de combate deja mucho que desear.
Más allá de estas similitudes incómodas, lo cierto es que ya constituye una absoluta necesidad transformar la llamada, con mucho optimismo, justicia laboral, en un mecanismo que ponga en manos de personas expertas y desinteresadas, la solución de los problemas laborales. De otra manera las reacciones de los trabajadores pueden ser entre extremadas y violentas, y nadie ganaría nada con ello.
Aunque, por supuesto, lo que no se puede admitir es algo que se ha oído por ahí: que los que pierden se quejan para justificar sus derrotas. Como pretendida justificación de las parcialidades no tiene valor alguno, y me parece, por supuesto, una interpretación arriesgada.