Estarían libres de presiones políticas, señala el especialista
Leyes intermedias sin reformar la Constitución, plantea Sepúlveda
Ante la necesidad de modernizar la legislación en materias fundamentales como los derechos humanos y la dificultad que implica reformar la Constitución con la actual composición del Congreso, el investigador Ricardo Sepúlveda propone crear leyes intermedias entre la Carta Magna y las medidas ordinarias que establezcan lineamientos y criterios fundamentales en determinados temas.
Tales reformas requerirían tan sólo una mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno del total de diputados y senadores), lo que facilitaría la modificación gradual del marco jurídico nacional.
El ex titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación explica en entrevista con este diario su propuesta plasmada en el libro Las leyes orgánicas constitucionales: el inicio de una nueva constitucionalidad en México, donde propone la creación de leyes intermedias “estables y sin presiones políticas”.
La adopción de este sistema, que ya funciona en otras naciones, evitaría además “la innecesaria y frecuente reforma de la Constitución”, donde la Carta Magna quede fuera del debate político. En este contexto precisa que en sus 90 años de vida la Constitución mexicana ha sufrido más de 660 reformas en 127 artículos, lo que se ha traducido en pérdida de su “armonía, claridad y estabilidad”.
Precisamente, indica, la idea de crear un sistema de leyes intermedias es dejar fuera del debate político a la Constitución y que ésta se consolide como una documento “de principios y no de reglamentos”.
Experto certificado en derechos humanos por la Universidad de Nottingham, Sepúlveda comenta que un primer paso en el establecimiento de este nuevo marco jurídico podría ser en materia de derechos humanos. Ello implicaría la organización de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los organismos autónomos, lo que tiene que ver con las fuerzas armadas, etcétera. Es decir, que la legislación intermedia fija lineamientos obligatorios que deben respetar las leyes secundarias. Lo mismo podría aplicarse en temas como libertad de expresión o derecho a la información.
“Las leyes intermedias o leyes de desarrollo constitucional determinan el conflicto de otras leyes, y si entran en disputa con una ley ordinaria entonces prevalecería la intermedia”. Sostiene también que jerárquicamente estas nuevas leyes estarían por encima de los tratados internacionales.
Entrevistado en un hotel capitalino, el especialista reconoce que este nuevo esquema “no es tampoco la piedra filosofal”, sino un mecanismo útil que ha servido mucho en países como España y Chile.
Indica que a diferencia de las reformas constitucionales, que exigen la aprobación de dos terceras partes de los legisladores –las cuales requieren para su aprobación de complicados acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD–, su iniciativa “ofrece una puerta para una nueva constitucionalidad y cambia la lógica que hemos tenido hasta la fecha en esa materia, y lograr así un cambio terso y no declarativo como hasta ahora, sin que se modifique todo el sistema vigente. Para modernizar nuestro sistema jurídico no hay más que dos caminos: o reformamos totalmente la Carta Magna, lo que sería complicado, o establecemos un nuevo sistema con leyes orgánicas o intermedias que permitan regular derechos fundamentales”.