Ello no exime a Ramírez Acuña de haber incurrido en desacato, señala abogado
Reconoce Gobernación los derechos de ex braceros para reclamar sus ahorros
La Secretaría de Gobernación reconoció los derechos que tienen ex braceros para reclamar el pago de un fondo de ahorro que se creó con recursos generados por ellos durante su estancia en Estados Unidos, de 1940 a 1960, tras dar cumplimiento a la sentencia dictada por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa, en el juicio de amparo 969/2006.
"Aunque ello no significa que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y dos empleados más de esa dependencia, hayan sido eximidos de la comisión del delito de desacato", afirmó Porfirio Martínez González, abogado de los ex braceros.
Vía telefónica, el litigante refirió que la noche del viernes fue visitado en su despacho de la ciudad de México por el director de Atención en la Unidad de Enlace Federal de Gobernación, René de Jesús Henry, para entregar la información que solicitaron los ex braceros. Inicialmente Gobernación se había negado a proporcionar los datos solicitados por los ex braceros, y sólo hasta que existió una sentencia judicial obtuvieron la información que exigían.
Martínez González expuso que con la entrega de la documentación se evitó que el juzgado sexto "determinara la comisión de un desacato por parte del presidente Felipe Calderón, pero no así la comisión de ese delito por parte de Ramírez Acuña, el propio De Jesús Henry y el subsecretario de Gobernación, Abraham González, pues ellos incumplieron la sentencia de esa autoridad".
La entrega de esta información, y con ello el cumplimiento de la sentencia, ocurre días después de que La Jornada dio a conocer que el juzgado sexto de distrito en materia administrativa había determinado que el presidente Calderón debía utilizar todos los medios a su alcance para que el secretario de Gobernación cumpliera con la sentencia ejecutoriada.
En ese sentido, el abogado de los ex braceros señaló que será hasta el próximo lunes cuando de manera formal los representantes de Gobernación notifiquen al juzgado que ya cumplieron la sentencia, "pero únicamente salvaron al Presidente de caer en desacato, porque los funcionarios de esa institución ya incurrieron en ese ilícito".
De esta manera, dijo el litigante, se podrá continuar con el proceso jurídico para exigir el pago a que tienen derecho los ex braceros, y aunque inicialmente serán beneficiados sólo 181, la sentencia definitiva que se logre sentará las bases para que unos 10 mil afectados puedan recuperar su dinero.