En Oaxaca, la tardanza alentó la impunidad
La tardanza en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a pesar de que la ley le ordena conducirse con rapidez, inmediatez y concentración para evaluar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, favoreció la impunidad en el estado de Oaxaca, destaca en un análisis la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Esta agrupación, encargada de vigilar el uso de los recursos y la actuación de los funcionarios públicos, destaca en su estudio: Análisis de la recomendación 15/07 sobre el caso de la sección XXII del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que después de un año, en el cual la CNDH tardó en responder a la quejas interpuestas por diversos ciudadanos, prescribieron las denuncias presentadas contra el gobierno de Oaxaca.
En ese periodo, agrega, las autoridades estatales hicieron movimientos que permitieron disminuir el impacto de la recomendación; por ejemplo, remover a los funcionarios con responsabilidad, como el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Heliodoro Díaz, y la procuradora de Justicia, Lizbeth Caña, ambos elegidos diputados estatales el 5 de agosto, por lo que gozarán de fuero constitucional.
"La recomendación (de la CNDH) 15/07 se expidió el 25 de mayo de 2007; la autoridad tiene 15 días hábiles para aceptarla y los hechos violatorios se comenzaron a producir el 2 de junio de 2006, de lo que resulta que en muchos casos la responsabilidad administrativa ya prescribió", destaca Fundar.
Precisa que entre junio de 2006 y enero de este año en Oaxaca se efectuaron 162 detenciones y retenciones ilegales, hubo 13 casos de tortura evidenciados, 20 muertos y centenares de heridos, además que se presentaron mil 343 quejas por violaciones a los derechos humanos ante la CNDH, la cual, por ley, pudo actuar de inmediato.