Usted está aquí: viernes 10 de agosto de 2007 Política Por rencillas políticas siguen secuestradas 2 triquis en Oaxaca

San Juan Copala es escenario de lucha entre comunidades

Por rencillas políticas siguen secuestradas 2 triquis en Oaxaca

octavio velez ascencio (corresponsal)

Oaxaca, Oax., 9 de agosto. Dos indígenas triquis de la comunidad San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, afiliadas al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), fueron secuestradas desde julio pasado por miembros del disidente Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI).

“Es una venganza política, pero nosotros no tenemos nada que ver; que busquen a los hombres con quien tienen problemas”, denunció Emelia Ortiz García, prima de las mujeres desaparecidas desde julio.

Las indígenas Virginia Ortiz Ramírez, maestra de educación primaria bilingüe, y su hermana menor, Daniela, se trasladaban el 5 de julio, a bordo de un taxi, de El Rastrojo a Putla Villa de Guerrero, pero no llegaron a su destino y desde entonces sus familiares desconoce su paradero.

Ortiz García responsabilizó de los hechos a Timoteo Alejandro Ramírez y a miembros del ayuntamiento Popular de San Juan Copala, encabezado por Juan Ramírez Flores.

Aseguró que el 7 de julio, este último secuestró y violó a la menor de edad Lucila Martínez Hernández, y hasta ahora no sido detenido y castigado a pesar de haberse levantado la averiguación previa 157/2006. “Son una banda de delincuentes”, asentó.

Mencionó que el MULTI bloqueó desde hace varios días el camino que conduce a San Juan Copala dejando incomunicadas a 18 comunidades. Demandó al procurador de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez, investigar la desaparición de sus primas para lograr su presentación con vida, pues pese a existir la denuncia penal 187/2007 no han sido localizadas.

Mientras tanto, Yésica Sánchez Maya, presidenta de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en representación del Colectivo Huaxyacac, condenó la violencia de género.

Hizo un llamado a los grupos políticos a anteponer el diálogo en la resolución de conflictos, ya que es evidente que las vías establecidas están medrando la vigencia y goce de los derechos humanos de las mujeres.

Además, exigió a las autoridades que cumplan con su deber de investigar los hechos, encontrar a las víctimas y castigar, conforme a la ley, a los responsables.

 
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