La SFP aún no prevé sanciones a Ulises Ruiz
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en cuanto a la ''inexistencia'' de documentos que instruyan sanciones al gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, por irregularidades en el manejo de recursos federales transferidos a diversos programas.
La ponente del proyecto, la comisionada Jacqueline Peschard, refiere en el recurso 2152/07, que la SFP confirmó que efectivamente se efectúa la auditoría OAX/11/07 a la administración de Ruiz, en particular al Programa Desarrollo Humano Oportunidades en su componente ''salud'', pero que carece de la información requerida, porque ''aún no se ha concluido'' la indagatoria y por ello no ha emitido alguna resolución.
La SFP refirió que esa auditoría la efectúa con la Secretaría de la Controlaría General del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Cabe destacar que ese recurso no fue discutido en la sesión de ayer, y sin más trámite se aprobó por unanimidad por los cinco comisionados.
Por otra parte, el pleno del IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que efectúe una nueva búsqueda de las grabaciones de audio relativas a las negociaciones que sostuvo el secuestrador Daniel Arizmendi López con los familiares de las víctimas.
Hay que señalar que tras su detención, la banda de Arizmendi fue vinculada con al menos 270 secuestros efectuados en varias entidades, como consignó La Jornada el 23 de mayo de 1998. También se le ordenó que realice una versión pública de las transcripciones de las grabaciones en las que por ley debe omitir datos personales como nombre de los involucrados, rasgos físicos, teléfonos privados, domicilios y otros, a fin de proteger a las familias y víctimas.
La resolución planteada por la comisionada Peschard se aprobó por unanimidad, aunque se modificó luego de una larga discusión del recurso 1317/07, debido a que la PGR argumentó que no tenía copia de las grabaciones, porque la investigación preliminar había concluido y todo lo había remitido al juez. Así las cosas, Peschard inicialmente planteó carecer de elementos para ''contravenir'' la afirmación de la PGR.
El comisionado Juan Pablo Guerrero destacó que con gran frecuencia la procuraduría informa que carece de copia de las indagatorias que realiza, porque supuestamente las entrega al juez, pese a que tiene la obligación de guardar tres copias de los documentos o registros de las averiguaciones, según establece el artículo 17 del Código Penal.
''Sorprende que no guarden copia del documento que originalmente deben guardar. Por ello vale la pena insistir en que entreguen copia del audio, con la debida eliminación de datos personales'', sugirió.
Peschard comentó que la PGR informó en audiencia pública que sólo tiene una copia estenográfica de resguardo, a partir de la cual sugirió solicitar la versión pública. ''¿Cómo podemos asegurar que (la transcripción) es fiel de las grabaciones de audio?'', cuestionó su colega Alonso Gómez Robledo. Guerrero propuso ''verificar lo que obra en la investigación, sobre lo que ya ha causado estado'', y exigir las grabaciones.