Usted está aquí: jueves 5 de julio de 2007 Sociedad y Justicia Pruebas antidopaje, gran remedio para grandes males, afirma González Parás

Se criminalizaría a la niñez y a la juventud mexicanas, advierten ONG

Pruebas antidopaje, gran remedio para grandes males, afirma González Parás

Según el gobernador de NL muchos menores dejarían de drogarse para no dar positivo

DAVID CARRIZALES, CLAUDIO BAÑUELOS

El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, ofreció su apoyo a la aplicación de exámenes antidopaje a menores de edad, con el argumento de que "es una medida innovadora" contra el problema de las adicciones, al cual consideró "un mal mayor", de tal forma que "a grandes males, grandes remedios".

Dijo que la importancia del programa, "que arrancó en Nuevo León" el lunes pasado, durante la visita del presidente Felipe Calderón a la entidad, es que representa la convicción de que el estado y la Federación pueden trabajar juntos para combatir el crimen organizado.

"Es deseable detectar oportunamente esto (el consumo de estupefacientes), y además es una acción sicológica preventiva que puede llevar a muchos niños y jóvenes a no involucrarse en estos temas, por el temor a que aparezcan los resultados positivos a adicciones.

"Es un tema que debe verse con mucho cuidado, que tiene que realizarse siempre con el consenso de los padres de familia, pero me parece que es una medida innovadora frente a un mal mayor que ya está presente en nuestra sociedad", expuso.

Reiteró que su gobierno apoyará los exámenes antidopaje, "siempre y cuando haya el consenso de los padres de familia y se apliquen con particular cuidado; para ciertas zonas de alto riesgo, puede ser que sea solamente en algunos niveles de la formación educativa".

En similar sentido se expresó la Asociación Estatal de Padres de Familia de Aguascalientes, cuyo titular, Víctor Flores Estrada, recomendó que el dicha prueba se haga también a maestros y paterfamilias.

En tanto, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) reprobaron la decisión del gobierno federal de practicar esos exámenes a alumnos de escuelas secundarias. La Red por los Derechos de la Infancia señaló que no sólo "criminalizan" a la niñez y juventud mexicanas, que son las principales víctimas del narcotráfico, sino que además vulneran sus derechos humanos.

La agrupación, integrada por 63 ONG que desarrollan programas en favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, las cuales operan en 14 entidades del país, advirtió que para la ejecución de este programa se necesitarían recursos económicos para los exámenes masivos de laboratorio, como se pretende en el próximo ciclo escolar. Sería deseable que mejor se destinaran a la aplicación de programas y políticas públicas de atención a los jóvenes.

En tanto, la coordinadora del Programa Mujer, Niñez y Familia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Victoria Adato, dijo que, al parecer, con esta medida la autoridad está ocupándose del problema tan grave que son las adicciones en los menores, y "eso ya es un avance". Pero advirtió que todo procedimiento dirigido a la investigación de los niños en las escuelas, a propósito de las adicciones, debe darse a conocer previamente para evitar la discrecionalidad de la autoridad y, en un momento dado, la victimización de los niños.

Pidió no perder de vista que algunos de los alumnos son menores de edad, por lo que están sometidos a la tutela de los padres, y son éstos, exclusivamente, quienes deben otorgar su consentimiento para que cada niño pueda ser sujeto a dichos exámenes, ya sean escritos o clínicos, para precisar si tiene fármacodependencia.

Hay que recordar que hace unos días, el presidente Felipe Calderón propuso realizar pruebas para controlar el consumo de drogas en las escuelas secundarias, ante el aumento de las adicciones en ese sector estudiantil. El programa Limpiemos México, que incluiría diversas pruebas clínicas o escritas a los alumnos se pondrá en marcha en el próximo ciclo escolar en unos 8 mil planteles del país, lo cual ha desatado polémica.

Sin embargo, la funcionaria de la CNDH aclaró que si el procedimiento que aplique el gobierno federal se apega a la Constitución, no habrá ningún problema. Aunque también señaló que al momento se desconoce el procedimiento puntual que seguirá el programa como para emitir una opinión definitiva.

 
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