Usted está aquí: lunes 2 de julio de 2007 Mundo ONG argentinas piden vetar nueva ley antiterrorista

ONG argentinas piden vetar nueva ley antiterrorista

STELLA CALLONI

Ampliar la imagen La senadora Cristina Fernández (en la imagen en Sangiago del Estero el fin de semana), será la candidata del oficialismo en los comicios de octubre para elegir al sucesor de su esposo, el presidente Néstor Kirchner, quien declaró que no buscará un segundo mandato en Argentina La senadora Cristina Fernández (en la imagen en Sangiago del Estero el fin de semana), será la candidata del oficialismo en los comicios de octubre para elegir al sucesor de su esposo, el presidente Néstor Kirchner, quien declaró que no buscará un segundo mandato en Argentina Foto: Reuters

Buenos Aires, 1º de julio. Organismos de derechos humanos de Argentina advirtieron nuevamente aquí que la recientemente aprobada ley antiterrorista incurre en "gravísimas modificaciones al código penal", cuyas consecuencias podrían ser "similares" a lo que sucedió con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mediante la cual se sembró de dictaduras la región en los años 70.

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Hermanos y Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y otros organismos y ciudadanos rechazaron la legislación votada por la Cámara de Diputados el pasado 13 de junio.

Los firmantes del documento intentan llegar al presidente Néstor Kirchner, quien tiene la facultad de vetar esta ley que crea la figura de "asociación ilícita", y adviertieron que la ley será utilizada en la persecución a luchadores sociales.

Esta nueva figura penal propone considerar actos terroristas a los cometidos "para aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", para lo cual se realice una "acción de propagación de odio étnico, religioso, o político, o se organicen en sedes operativas internacionales".

También se considerará acto terrorista si los "asociados" disponen de "armas de guerra, explosivos, agentes químicos, bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida e integridad de un número indeterminado de personas".

En este caso los organismos llaman a "tener en cuenta las razones que se esgrimieron para la invasión a Irak", en 2003, cuando Estados Unidos alegó que en ese país había armas de destrucción masiva, lo que nunca se comprobó.

"Eso nos recuerda a la repudiada Doctrina de Seguridad Nacional, con enunciados similares". Esta ley, agregaron, señala el camino "para la persecución, la muerte y desaparición de militantes y luchadores sociales".

Si a esta figura de asociación ilícita terrorista se agrega la ampliación de atribuciones a la Unidad Financiera Informativa (UFI), para investigar acciones vinculadas al "narcoterrorismo", lo cual modifica artículos de la ley de creación de la UFI, así como la ley del arrepentido, se puede percibir la gravedad de poner esto "en manos del Servicio de Inteligencia y de fuerzas represivas", después que el mismo presidente denunció en diciembre pasado que aún permanecían en estos organismos "nostálgicos" de la dictadura y verdaderas mafias.

También rechazan las severas presiones de Estados Unidos, país donde se impuso el Acta Patriótica y nuevas demandas de seguridad a partir de 2001, que llevaron a Argentina "a firmar todos los convenios y sumarse a instituciones supranacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero".

"Nadie debe engañarse, no hablamos de operaciones financieras mafiosas, sino de control social y persecución tras la ilegítima figura del 'narcoterrorismo' bajo cuyas insignias se libran las batallas contrainsurgentes del Siglo XXI", sin referirse nunca al terrorismo de Estado que se impuso en nuestros países, señalan.

La percepción de estos organismos se agrava por una ofensiva de Estados Unidos y sus grupos de inteligencia en la región que están activando nuevamente el tema de la Triple Frontera que une a Brasil, Argentina y Paraguay, para establecer un control militar en esa zona estratégica. Incluso hay denuncias sobre espionaje a personas y organizaciones sociales y políticas en toda esta zona en relación con supuestas acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Argentina durante varios días un canal privado de televisión difundió la supuesta "presencia" de dirigentes y comandantes del desaparecido Sendero Luminoso de Perú actuando en algunos barrios de Buenos Aires, en el tema del narcotráfico. Esto ha sido señalado como una operación de guerra sucia y contrainsurgencia, cuya finalidad para diversos organismos es nuevamente "agitar los fuegos en la Triple Frontera sobre la que se han tejido fábulas de todo tipo, en el mejor esquema de otros tiempos".

El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos también produjo un largo documento que fue llevado a la reciente Cumbre de los Pueblos en Paraguay (28-29 de junio) en el que se expone la preocupación ante esta ley y sus posibles alcances, "en primer lugar por el contenido de las modificaciones; y también, por ser el resultado de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos y de las instituciones financieras internacionales, lo cual no exime de responsabilidad a los legisladores que aprobaron el texto, pero agrava las cosas al poner en cuestión la soberanía de nuestro país".

 
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