Jornada de denuncias y presentación de pruebas y testimonios

Destacan participación de empresarios y políticos en el fraude electoral de 2006

El pago de favores, con posiciones políticas en el actual gobierno federal, acusan

ALMA E. MUÑOZ

En el comienzo de la jornada de denuncias sobre hechos que habrían desembocado en un fraude electoral el 2 de julio de 2006, integrantes de la Convención Nacional Democrática (CND) destacaron la participación de empresarios y políticos "interesados en conservar sus privilegios e imponer una regresión autoritaria".

Citaron el caso del dueño de Lechera Guadalajara, SA de CV, Abraham González Uyeda, cuyo "consorcio presionó a sus trabajadores, inclusive con amenazas de pérdida del empleo, si ellos y sus familias no votaban por su supuesto candidato (Felipe Calderón)". A cambio, se denunció en el Club de Periodistas, "se le incorporó como funcionario del gobierno de Jalisco, beneficiándose con distintos contratos para su empresa".

Y "ahora (González Uyeda) es subsecretario de Gobernación, como premio por haberle ofrecido a quien fuera candidato panista a la Presidencia (de la República), 30 kilos de carnitas, en una comida efectuada hace poco más de 3 años en el destape del señor Calderón", por parte de Francisco Ramírez Acuña, como gobernador de la entidad.

El "intervencionismo ilegal de una serie de empresarios" fue enlistado por José G. Zamarripa, representante de la CND Jalisco. Contó, en su oportunidad, que en aquella entidad ocurrieron "algunos de los peores casos" relacionados con la "operación política" para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de éstos, destacó a Germán Michel, propietario de la empresa Dulces de la Rosa, quien "publicó un documento llamado notichupaletas, mediante el cual indujo a sus trabajadores a votar en favor del candidato del PAN".

También, "en las distintas sucursales de la tienda mercantil Coppel, desde diciembre del 2005 se distribuyeron varios documentos en favor de quien terminó siendo candidato a la Presidencia de la República". Por ejemplo, en mayo de 2006 publicaron su revista mensual donde "incluían propaganda del candidato de la derecha, invitando a sus consumidores y trabajadores a votar por éste".

Además, "tanto su dueño como su representante legal enviaron correos electrónicos con propaganda del citado" aspirante a la Presidencia de la República. Esas actividades, se manifestó, en su momento fueron denunciadas, pero "fueron ignoradas".

Farmacias Guadalajara también, se dijo, "fue parte de la denostación y la difamación. En los meses de mayo y junio del año pasado, cuando arreció la guerra sucia, sus dueños y administradores permitieron, cuando no alentaron, la distribución, en sus distintas sucursales, de documentos en contra de Andrés Manuel López Obrador".

Lo mismo ocurrió, siguió Zamaparripa, con "la empresa de televisión Mega cable, la cual transmitió mensajes contra AMLO en la parte final de la campaña y en el conflicto poselectoral. La empresa que formalmente encabeza el señor Enrique Yamuni, es sabido que ha sido favorecida, por decir lo menos, por el actual gobernador de Sonora (Eduardo Bours), cuyo hermano es socio de la misma. Tiene sus oficinas centrales en Guadalajara".

En tanto, "las joyerías Aplijsa también se unieron al coro, nada más que ellos con una variante, al defender el bien común recurrieron a un texto firmado por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez".

Aquí, continuó la denuncia, "queremos poner énfasis en la Unidad para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, oficina desde la que se puso en práctica un programa de espionaje, con al menos 350 personas, la mayoría de ellas afiliadas al PAN. Su propósito fue llevar adelante distintas actividades de defraudación electoral, como la compra de conciencias y amenaza a los electores".