La Corte y su facultad investigadora
En el camino a la democracia se avanza, pero lamentablemente también se retrocede; lo importante debe ser que los avances sean mayores y más significativos que los retrocesos. El fraude electoral ampliamente acreditado por el cual Felipe Calderón fue declarado Presidente sin duda significa un monumental paso atrás en el arduo camino para alcanzar el ideal democrático, ideal del que el mismo Calderón participó en su juventud; en cambio, la politización por el camino de la indignación pública que dicho fraude provocó es un avance indiscutible, que se refrenda todos los días en infinidad de reuniones, conferencias, foros y otras manifestaciones de rechazo a quien es considerado un usurpador.
Dentro de los pasos positivos podemos sumar también las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, fundadas en el artículo 97 de la Constitución, mediante las cuales este tribunal ha ordenado que se integren comisiones investigadoras de violación a garantías individuales en los casos de San Salvador Atenco, de la periodista Lydia Cacho, muy especialmente de la represión en contra del pueblo de Oaxaca, y hace un poco más de tiempo, en el cruento asunto de Aguas Blancas.
Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura decía que al Poder Judicial le falta la potestad de tomar decisiones libres, de ejercer la voluntad como lo hacen los otros dos poderes, porque no representa directamente al pueblo sino que sólo cumple la voluntad del Poder Legislativo, aplicando e interpretando la ley.
Y aun cuando en términos generales esto parece ser así, la realidad es que el Poder Judicial tiene la potestad de tomar decisiones y ejercer la voluntad a que se refiere Rabasa, cuando integra la ley al aplicarla a los casos concretos; la ley se complementa con su interpretación en la práctica; el magistrado que la aplica acaba de construirla y, con ello, llena necesidades reales de momentos, circunstancias y casos específicos. Estamos viviendo uno de esos momentos y los ministros, colocados ante algunos de esos casos específicos.
Es cierto que la facultad investigadora que el artículo 97 da a la Suprema Corte ha sido poco estudiada y poco ejercida en el pasado; sin embargo, en los casos mencionados es un instrumento de justicia y de freno a la impunidad. Se emparenta con el Protocolo de Roma que crea la Corte Penal Internacional y al que México ya se adhirió, en que ambas instituciones son instrumentos que permiten que los poderosos no queden impunes como suele suceder.
La Corte Penal Internacional puede juzgar a quienes ya fueron juzgados en sus países, pero que no fueron condenados a pesar de evidencias de culpabilidad, por ser personajes poderosos a los que los tribunales comunes no se atreven a tocar; el caso de la facultad del 97 es parecido: sirve para que un poder con toda la autoridad moral que debe tener la Suprema Corte (aunque no siempre hace honor a él) investigue atropellos de los gobernantes que no son investigados, porque quienes podrían hacerlo, están bajo su poder o su control.
En este estira y afloja para convertir a México en un Estado democrático, de derecho y con justicia social, el ya mutilado párrafo que permite la investigación de violaciones a garantías individuales (y antes también permitía la investigación a la violación al voto público) no debe ser tocado como algunos pretenden y debe continuar vigente como un instrumento de los ministros de la Corte con sensibilidad social, para frenar y sancionar, aun cuando sea sólo con un juicio severo y público, a los gobernantes que no respetan los derechos del pueblo.
Ciertamente, la conclusión de la investigación que lleve a cabo la comisión que integre la Corte no tiene efectos vinculatorios, es decir, no obliga como una sentencia, pero quien abusó de su poder, como los gobernadores y funcionarios que serán investigados, de resultar responsables, tendrán que alejarse de la vida pública, como ya ha sucedido, y su desprestigio afectará a su partido en los próximos comicios; algo es algo.
Cuando esta facultad investigadora apareció por primera vez en nuestra historia constitucional, en el proyecto de Venustiano Carranza, y cuando en el Constituyente de Querétaro pasó sin discusión alguna, nadie se imaginaba que 90 años después sería un instrumento jurídico, y también moral y de opinión, para frenar a los caciques que aún persisten, y a los que creen que el poder que detentan está por encima de leyes y ciudadanos, de deberes éticos y del bien común.
Otrosí. Protesto con toda energía por el abuso, la prepotencia y la desfachatez del banco HSBC, que canceló unilateralmente (¿delito de discriminación?) la cuenta de Honestidad Valiente, AC, "por así convenir a sus intereses". Un banco con capital extranjero, rescatado por el gobierno mexicano, que debe prestar el servicio público de banca y crédito, se pasa de la raya al tratar así a una asociación civil mexicana que confió en su propaganda y creyó en su profesionalismo. Si tuviéramos autoridades hacendarias honradas, patriotas e imparciales, estarían ya pidiendo cuentas por el atropello.