Se frustra diálogo entre las partes
El procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder los 11 expedientes de los homicidios registrados en 2006 derivados del conflicto en aquella entidad, y que las órdenes de aprehensión y procesos penales abiertos en contra de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) deberán ser solventados por la defensa de los inculpados.
El procurador viajó a la ciudad de México con el propósito de negociar con una comisión de la APPO y representantes del magisterio oaxaqueño. Sin embargo, ante la ausencia de enviados de la Secretaría de Gobernación en el encuentro convocado en un hotel de Polanco, la APPO decidió no asistir, aun cuando sus delegados ya estaban en el Distrito Federal. Lo anterior porque no reconocen al priísta Ulises Ruiz como gobernador de aquella entidad y la única alternativa de diálogo era con la presencia de funcionarios del gobierno federal.
Tras la detención colectiva -que se efectuó en noviembre pasado- fueron liberados paulatinamente unos 140 manifestantes, pero se mantiene abierto el proceso penal, por lo que no se descarta que algunos de ellos puedan ser reaprehendidos.
Al respecto, Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización de la sección 22 del sindicato magisterial, dijo que tal situación pone en riesgo no sólo el endeble proceso de negociación con este gremio, sino el ambiente en la entidad. Cabe recordar que el magisterio oaxaqueño fijó como plazo hasta el 16 de julio para obtener una respuesta satisfactoria a su pliego de peticiones.
Respecto a los señalamientos de la APPO acerca de la impunidad en Oaxaca, el procurador -ex titular de la comisión estatal de derechos humanos- deslindó responsabilidades, porque -argumentó- "yo tomé el cargo hace tres meses".