Editorial
PFP y AFI: medidas más que tardías
Más vale tarde que nunca, podría decirse ante la destitución de la totalidad de los mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), anunciada ayer por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La medida confirma la pertinencia del añejo e insistente reclamo social de depurar y fortalecer las corporaciones de seguridad pública, condiciones indispensables para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia organizada.
Sin embargo, este barrunto de moralización es más que tardío: tendría que haberse iniciado antes de que el calderonismo emprendiera, a unos días de haber asumido el poder, su guerra contra el narcotráfico. Decididas a posteriori, las destituciones envían a la sociedad un mensaje escalofriante: el gobierno lleva más de seis meses enfrascado en una empresa violenta, peligrosa y cuestionable, y en todo ese tiempo las corporaciones civiles constitucionalmente facultadas para desempeñarla han estado controladas por mandos no confiables.
Es razonable suponer que si el gobierno federal hubiese realizado esta limpieza antes de emprender la cruzada contra el narcotráfico, habría podido ser menos terrible su saldo en vidas humanas, y que en alguna medida habrían podido evitarse el sufrimiento y la incertidumbre de la población, los encarnizados escenarios de violencia, las graves violaciones a los derechos humanos y el desgaste institucional de las Fuerzas Armadas.
Una falta de planeación tan notable como la que se comenta refuerza la sospecha de que la urgencia por desplegar el Ejército en las calles y emprender una cacería nacional de narcos obedeció más a consideraciones de carácter mediático que a la convicción real y sólida de restablecer el estado de derecho en las regiones del país donde opera el crimen organizado. Así, lejos de transmitir una imagen de resolución y fortaleza, el Ejecutivo federal deja ver un grado lamentable de improvisación y una desoladora falta de visión de largo plazo. Tales defectos, aunados al enorme poder de cooptación que ejerce el crimen organizado en las corporaciones policiales, incentivado a su vez por los ínfimos salarios que perciben los policías, podrían incidir en un indeseable fortalecimiento de las organizaciones delictivas.
Resulta inquietante que, después de bombardear a la sociedad con los despliegues policiaco-militares y con escenas de extremada violencia, la autoridad federal, acompañada por una masa mediática que le es mayoritariamente fiel, apunte los reflectores hacia otros ámbitos -la impugnada reforma del ISSSTE, la pretendida reactivación de una política social, la recién presentada propuesta de reforma tributaria- y se minimice la información sobre la violencia delictiva que se mantiene, sin embargo, imparable y constante, y que se traduce en asesinatos cotidianos y en hallazgos de cadáveres en las regiones conflictivas que tendrían que estar, a estas alturas, bajo control. Hasta ahora, por lo demás, la autoridad federal se ha abstenido de proporcionar información articulada sobre los resultados y los costos de la ofensiva contra el narcotráfico.
Ante esta opacidad y ante la proliferación inconexa de anuncios oficiales espectaculares, como el de ayer, cabe preguntarse si el gobierno tiene claro adónde quiere llevar al país, y por qué caminos, en materia de legalidad, seguridad y combate a la delincuencia.
En otro sentido, no debe olvidarse que los mandos ahora destituidos son los mismos que dirigieron a la PFP en las acciones represivas que han tenido lugar en Texcoco,San Salvador Atenco y en Oaxaca, acciones que generaron un caudal de quejas por violaciones a los derechos humanos que el gobierno se ha negado a atender. La sociedad debe mantenerse vigilante para impedir que las remociones anunciadas se traduzcan en borrón y cuenta nueva y en un subterfugio para garantizar la impunidad a los responsables de esos atropellos.