De 2002 a la fecha, el gobierno mexicano ha aceptado 23% de las solicitudes: Comar
Sólo dos de cada diez personas obtienen el estatus de refugiado
En conflictos como la Guerra Civil española o el golpe en Chile, el país abrió sus puertas a miles
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Transporte de aspirantes a refugiados * Archivo de La Jornada
De marzo de 2002 a la fecha, el gobierno mexicano ha otorgado el estatus de ''refugiado'' a 23 por ciento del total de solicitantes, esto es, sólo dos de cada diez personas en esa condición obtiene el beneficio.
Katya Somohano Silva, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que el grueso de las solicitudes son interpuestas como táctica dilatoria de ''migrantes económicos'' que buscan evitar temporalmente la deportación, y también por extranjeros que se desisten del trámite, posiblemente porque encuentran otros caminos para salir del país con el objetivo de llegar a una región distinta.
''En México no hay una política discriminatoria ni selectiva, y tampoco hay prejuicio alguno de nacionalidades. El proceso es transparente y parte del beneficio de la duda y la buena fe'', aseguró la funcionaria.
La Secretaría de Gobernación (SG) prepara cambios a la Ley General de Población para definir y ampliar el concepto de refugiado y beneficiar a familiares e inclusive a dependientes económicos de aquéllos, siempre que se compruebe que su vida corre peligro en sus lugares de origen.
También se pretende llevar a la ley diversos cambios, como la autorización al refugiado para dedicarse en México a alguna actividad lucrativa lícita y asentar su residencia en cualquier lugar del país. La normatividad deberá precisar la condición de refugiado y la asistencia institucional para estos casos. El plan de Gobernación es presentar la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión el último trimestre de este año.
México, explicó Somohano Silva, ya no es un corredor masivo de refugiados, como ocurrió en distintos lapsos de las décadas de los 30 y 40 (en el contexto de la Guerra Civil española), los 70 (con ciudadanos de Chile) y 80, con un ingreso de más de 40 mil guatemaltecos que huían de la violencia.
Ahora, indica la funcionaria de Gobernación, el fenómeno ha disminuido a nivel internacional, aunque en América persisten focos rojos en Colombia y Haití. De marzo de 2002 al 12 de junio pasado, esta comisión -órgano dependiente de la SG- había reconocido en total a 412 personas en condición de refugiados. En este grupo, los ciudadanos colombianos se ubican en primer sitio, con 83 casos, seguidos de aquellos procedentes de países africanos como Eritrea (64), Etiopía (48) y Somalia (39), además de Haití, con 40 personas admitidas.
No hay solicitudes de vascos
La coordinadora general de la Comar comentó que en el lapso de referencia no existe evidencia de solicitudes de refugio de ciudadanos vascos, ni de aquellos que han sido deportados (regularmente sacados de México en operaciones fast track, a hurtadillas) tras peticiones de autoridades de España que los señalan como integrantes de ETA.
En la lista de solicitudes aceptadas están registros de personas procedentes de 16 países de Africa, 16 de Asia y uno de Europa. Sin embargo, entre los beneficiados con la calidad de refugiados hay apenas 26 ciudadanos de Centroamérica (11 de Guatemala y 15 de Honduras), cifra que contrasta con las repatriaciones diarias y colectivas (el año pasado fueron 182 mil las devoluciones) debido a los convenios para la expulsión, en menos de 24 horas, inclusive. De Cuba se reportan tres refugiados y dos de Venezuela. En lo que va del presente año la Comar recibió 140 solicitudes y aceptó 36.
El comité de selectividad está presidido por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar; en este grupo participan otros funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Trabajo y Gobernación, así como del Instituto Nacional de Migración.
Aseguró que en todo el proceso hay participación de grupos de la sociedad civil mexicana, y de carácter internacional, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
Finalmente, la funcionaria informó que la comisión no da asistencia económica, pero debe, por ley, promover acciones orientadas al respeto a los derechos humanos de los solicitantes de refugio y refugiados, con énfasis en los siguientes principios: no devolución, no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, confidencialidad y respeto a la unidad familiar.