Temen que Ulises Ruiz prepare represión a plantón
Entregan al juzgado punto de acuerdo sobre el traslado de los hermanos Sosa
El punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados federal mediante el cual se solicita el traslado de Flavio y Horacio Sosa Villavicencio a un penal de Oaxaca, fue entregado ayer al juzgado quinto de distrito en materia de amparos del estado de México, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentran internados ambos activistas.
La diputada federal perredista Aleida Alavez Ruiz fue la encargada de entregar el documento, y condenó que Flavio y Horacio Sosa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), permanezcan en el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Almoloya de Juárez, aun cuando no enfrentan una sola imputación por delitos federales, sino únicamente del fuero común.
Por separado, Eduardo Miranda Esquivel, abogado de los hermanos Sosa, reveló que la Secretaría de Seguridad Pública federal le envió una notificación en la que le señala que los hermanos Sosa no pueden ser trasladados a otra cárcel, ya que de acuerdo con un estudio de personalidad y criminalidad practicado a ambos se concluyó que son personas "de alta peligrosidad".
El defensor insistió en que aún confía en que la juez quinta penal de distrito en materia de amparo les otorgue la protección de la justicia federal. "Esperamos que el apoyo de los diputados y las resoluciones que se han dado en los días recientes, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan influir para lograr que ambos abandonen esta cárcel", comentó.
En la capital oaxaqueña, Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO, alertó ante los medios de comunicación que el gobierno de Ulises Ruiz "planea una agresión al plantón que el magisterio tiene en el Zócalo de la ciudad", pero no con la policía, como ocurrió el 14 de junio de 2006, sino "por medio de sus cómplices y esbirros priístas", en represalia por la decisión del pueblo de seguir buscando su destitución y la determinación de la Corte de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por corporaciones policiales en 2006.
En la ciudad de Puebla, otro de los hermanos Sosa, Gustavo, aseguró que es "una esperanza" para la solución del conflicto es la decisión de la SCJN de integrar una comisión que investigue las presuntas violaciones a las garantías individuales en aquel estado durante el conflicto magisterial del año pasado.